La Contraloría determinó seis hallazgos fiscales en la SAE por $14.150 millones

El año 2022 inicia con investigaciones y seguimientos a procesos fiscales, producto del descalfo al patrimonio público. En las últimas horas, la Procuraduría General de la Nación, señaló que tras la realización de una auditoria se establecieron seis hallazgos fiscales que ascienden a los $14.150 millones de pesos, que se dieron por la falta de vigilancia y seguimiento de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), según el informe de la Contraloría.

Los departamentos del Valle del Cauca, Magdalena y la capital de la república, son las ciudades en donde los establecimientos implicados se encontraban. Tras la entrega del informe por parte de la Procuraduría, las seis sociedades que presentaron dichas irregularidades son:

· Sociedad Gran Muelle ($5.319 millones): El vencimiento de cánones de arredramiento produjo un golpe fuerte la cartera y no hay evidencia de labores en pro de la recuperación de la misma.

· Sociedad APVA ($5.689 millones): Tras una deficiente administración, se halló un detrimento en la cartera, nuevamente el concepto de cánones de arrendamiento es protagonista en un caso de hallazgo fiscal. Uno de los arrendadores, canceló la totalidad de los cánones castigados, pero dicho dinero no fue registrado como ingreso por la sociedad APVA.

· Sociedad Vaselinas Industriales de Colombia ($36.805.000): Desde el concepto de mala administración en el pago de intereses e impuestos de retención, la Contraloría argumenta: “Los impuestos sobre los bienes que se encuentran en administración o a favor del FRISCO no causan intereses remuneratorios ni moratorios durante el proceso de extinción de dominio”.

· Sociedad Valle Nevado ($33.870.000): Por incumplimiento del régimen tributario, entorno a la cancelación de multas por la Dian e intereses moratorios.

· Sociedad Inversiones Camacho Estupiñán ($3.312.464): Se impuso una multa desde la Superintendencia de Sociedades, a esto se añade la negligencia expuesta por parte de la SAE, al no brindar de manera diligente un seguimiento constante de la situación.

· Sociedad Typsa ($3.068 millones): Tras la imposición de un castigo de cartera, no se realizaron labores para la estabilización del patrimonio, este sufrió un detrimento del -109 %, razón que demuestra negligencia en las labores administrativas de la sociedad.

El ente mayor de control, determinó: “Una Actuación Especial de la CGR (Contraloría General de la Nación) determinó que, en la mayoría de los casos, las gestiones adelantadas por los depositarios provisionales han sido deficientes, negligentes, antieconómicas, inoportunas, ineficientes e ineficaces”.

La investigación realizada, va más allá, pues aparte de las sociedades citadas anteriormente, la Contraloría pudo concretar: “De acuerdo a la muestra revisada y analizada se determinó que de 23 sociedades activas en proceso se extinción de dominio, 8 son improductivas y 15 están cumpliendo con su objeto social y son productivas, de las cuales 3 (SANAR, MACEDONIA LTDA y CRETA S.A). transfirieron recursos de utilidades al FRISCO, en el año 2021.”.

Según la Contraloría, estos desfalcos comprometen directamente el desarrollo del patrimonio de las sociedades, además, es deber de la SAE, realizar un seguimiento constante y fundamentar su papel como ente de fiscalización y vigilancia a todos los procesos que competen a su área. El trabajo realizado, fue determinado como negligente y poco eficaz, comprometiendo el futuro de las organizaciones investigadas que, por falta de llamados, pueden recurrir a la incidencia de faltas disciplinarias. Este último factor, puede desencadenar mayores penalidades según la contraloría, que pueden concluir en extinción de dominio y mayores sanciones, tal como lo sufrieron otras de las sociedades investigadas.

Finalmente, se hace un llamado de atención a los depositarios provisionales, que son aquellas personas designadas para realizar el seguimiento correspondiente a los procesos de control, debido a que, en esta oportunidad, por su mala gestión el cumplimiento del objeto social, se vio afectado.

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