Desde hace unos meses 450 familias indígenas se asentaron de forma permanente en el Parque Nacional, debido a que fueron desplazados por grupos armados de zonas como el Cauca, Nariño, Chocó y Antioquia. Pese a que la capital no es un lugar apto para las comunidades estas no han podido ser reubicadas y ha tenido que padecer diferentes problemas relacionados con su salud y seguridad.
Las comunidades indígenas huyeron de sus reservas por la violencia desatada en el país a manos del conflicto armado, pero tres meses de estar en la capital denuncian que han sido amenazados por hombre armados que se presentaron como disidentes de las Farc, aunque creen que también se tratarían de grupos paramilitares.
“Es preocupante, angustiante la situación de seguridad, no solo de hambre y el poco avance en el diálogo, sino que en el mes de diciembre, los días 25, 28 y 30, ingresaron personas armadas averiguando por mi nombre y por otros compañeros dirigentes también en este espacio”, señaló María Violet Medina, lideresa indígena, defensora de Derechos Humanos e integrante de la comunidad Nasa en entrevista con RCN Radio.
Además, recordó que su vida ha estado en peligro varias veces y que ahora debe ir al parque de forma cuidadosa pues teme por ella y su familia. “Nosotros, desde que hemos sido víctimas de desplazamiento, hemos denunciado despojo de tierras, rutas de narcotráfico, extracción de minería ilegal, violencia sexual a mujeres y niñas, asesinatos y reclutamiento forzado a menores de edad”, añadió.
Finalmente contó que como medida preventiva, este 24 de enero decidieron acercarse a la Fiscalía General de la Nación y poner la denuncia: “Hoy estamos poniendo precisamente la denuncia ante la Fiscalía, ya han sido varías oportunidades y estamos muy asustados”, señaló la líder.
No es la primera denuncia que se por la situación que viven los embera en Bogotá, pues han tenido que afrontar destinas situaciones por su desplazamiento. El pasado 14 de diciembre, un juzgado de pequeñas causas de la capital admitió la tutela interpuesta por el personero de Bogotá, Julián Pinilla Malagón contra el Distrito. Ordenó tanto a la Alcaldía Mayor como a las secretarías de Gobierno, Integración Social, Salud, Hábitat y a la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación para que otorguen todas “las medidas de atención y asistencia humanitaria integral en materia de salud, seguridad alimentaria, salubridad, suministro de agua potable” que garanticen el bienestar de la comunidades indígenas que moran en el Parque Nacional hasta que se cumpla el traslado dentro de la ciudad de las comunidades indígenas.
Tras el fallo, la Personería de Bogotá informó a través de Twitter que la tutela interpuesta por el funcionario Pinilla busca: “evitar que vuelva a ocurrir otro fallecimiento de un niño como el menor Emberá Chamí ocurrido el mes pasado, por no haberse dado las garantías por parte de la administración, que tiene el deber de reubicarlos mientras la nación garantiza el regreso a su territorio”.
El fallo solicitó la pronta realización de una caracterización de las comunidades con el fin de mejorar la atención ofrecida a estas y conminó al Distrito a establecer las respectivas mesas técnicas con el fin de avanzar en el cumplimiento de los Planes Integrales de Acciones Afirmativas (PIAA), contemplados en el artículo 66 del Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024.
SEGUIR LEYENDO