El pasado viernes, el senador del partido Comunes Julián Gallo denunció la aparición de un kilo y medio de anfo, un explosivo, en el baño del restaurante Casa Amarilla, propiedad de miembros desmovilizados de las Farc y sitio de reuniones del Pacto Histórico. Ante esta situación el Gobierno Nacional activó en cabeza del Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación Emilio Archila, la Mesa de Coordinación Interinstitucional para la Seguridad de Personas en Reincorporación, que sesionó con el propósito de esclarecer y ubicar a los responsables del intento de atentado.
También para articularse con diferentes entidades para prevenir hechos de afectación contra la integridad de los candidatos de la población en reincorporación, las sedes y eventos durante la época electoral de este partido político generado a partir del Acuerdo de Paz.
El funcionario que está coordinando la Mesa Interinstitucional, Emilio Archila comentó a los medios: “Desde el 21 de enero la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía y el Cuerpo Élite Policial hicieron presencia en el lugar de los hechos. Se designaron un fiscal y un grupo de investigadores que avanza en la investigación de los hechos”.
La Policía Nacional encontró el pasado viernes en el negocio Casa Alternativa, ubicada en la calle 36# 17-12 un artefacto explosivo y lograron desactivarlo sin generar ningún daño . El general Jorge Luis Vargas mencionó esa ocasión: “Se encontró un envase de gaseosa de plástico con una sustancia al interior y unos elementos electrónicos y este se identificó como, un explosivo con unos elementos acondicionados”.
Sobre las investigaciones de los explosivos Archila mencionó: “Se han adelantado la toma de declaraciones, el análisis dactilar, el análisis en laboratorio de las sustancias encontradas en el celular con el que se pretendía activar el artefacto explosivo, la extracción de la información del celular, y el rastreo por medio de las cámaras ubicadas en el establecimiento y el entorno”.
En la coyuntura del atentado y la investigación el concejal del partido Comunes, Julián Gallo comunicó en sus redes: “Encontramos una bomba puesta por enemigos de la paz, por aquellos que quieren hacernos retroceder a esa época de guerra”.
Por otra parte, la alcaldesa Claudia López rechazó estos actos y afirmó que se debe tener un horizonte claro en estos momentos para que el miedo no haga estragos en los colombianos: “No permitiremos que manos criminales ni oportunismos políticos siembren miedo, zozobra o intimidación para atentar contra la ciudad y obtener réditos electorales”.
El Consejero Presidencial para la Estabilización y la Consolidación Archila indicó que el Gobierno Nacional reitera todo el compromiso frente a las garantías de seguridad para las personas en reincorporación, provenientes del acuerdo de paz, los candidatos excombatientes y del partido Comunes, las sedes del partido y las actividades que realicen durante las campañas.
Finalmente Emilio Archila extendió hizo una invitación a la comunidad en general, a poner en conocimiento de las autoridades competentes, información de interés que permita prevenir hechos de afectación contra candidatos, sedes políticas y actividades que se desarrollen durante la época electoral en el país contra la población que hace parte del Proceso de Paz.
La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia, que se ha encargado de hacer seguimiento constante a este tema en informes que publica de forma trimestral, identificó que en 2021 los homicidios contra excombatientes se han concentrado en 25 municipios del país y que han desmejorado las condiciones de seguridad en zonas como la frontera entre Meta, Caquetá y Guaviare, y el sur de Bolívar. También se han presentado casos en los departamentos de Huila, Arauca, Guaviare, Tolima, Quindío, Casanare, Sucre, Atlántico, Córdoba, Santander y en la ciudad de Bogotá.
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