Karen Abudinen amplía la denuncia contra Katherine Miranda por el uso del término “abudinear”

Este lunes 24 de enero la exministra TIC Karen Abudinen acudió a la Corte Suprema de Justifica para ampliar su denuncia por injuria y calumnia en contra de la candidata al Congreso Katherine Miranda y su compañero León Fredy Muñoz, por usar el término “abudinear”.

Según informó RCN Radio, la solicitud de la ampliación se registró después de que Miranda instalara unas vallas de campaña con el mensaje “Que no nos abudineen el país”, para promocionar su segunda aspiración a la Cámara de Representantes por Bogotá.

Cabe recordar que, Abudinen tuvo que salir del cargo tras conocerse parte del entramado con el que la empresa Centros Poblados ganó la licitación más ambiciosa del Ministerio TIC y se apropió de un adelanto de 70.000 millones de pesos para un proyecto de conexión a internet de las zonas más apartadas del país. El término “abudinear” surgió ante la polémica que involucró a la exministra y se le relacionó con corrupción nacional.

Ante el espacio de ampliación de la denuncia de Abudinen, la congresista Katherine Miranda pidió dar versión libre ante la Corte Suprema de Justicia. “Mi deber es hacer control político y cuidar los impuestos de todos los colombianos. Sin miedo, enfrentamos la corrupción. Ante la denuncia, le digo: En la Corte Suprema de Justicia nos vemos”, dijo Miranda reseñada por La FM.

A su vez, la representante a la Cámara aseguró en una columna de opinión en el medio digital KienyKe que las vallas publicitarias en Bogotá tienen relación con el escándalo de corrupción. “A mí no se me olvida que en sus manos se perdieron 70 mil millones y por eso he instalado 5 vallas en Bogotá para recordarle que debe responder por ellos”, escribió Miranda. Además, reiteró que no retirará las pancartas hasta que no aparezca el dinero que se perdió.

También aclaró que pese a la denuncia que está enfrentando, Miranda no fue quien inventó la palabra. “Fueron los ciudadanos indignados, en un sentimiento de impotencia al ver como malversan el dinero del Estado sin que haya consecuencias”, afirmó en la columna.

El pasado 6 de septiembre la Procuraduría General de la Nación anunció la apertura de una investigación disciplinaria formal contra la responsable de esa cartera gubernamental Karen Abudinen, para determinar sus vínculos con el caso. Indicó que el objetivo es trasladar las pruebas pertinentes que ayuden a esclarecer el caso “en cumplimiento al principio de economía procesal”.

A pesar de que ya han pasado más de cuatro meses desde que inició la investigación, se tiene poca certeza de la recuperación de los recursos entregados al entramado de corrupción. De acuerdo con la revista Semana, las acciones no han avanzado y el Ministerio TIC no puede entregar una fecha cierta de la recuperación del patrimonio público.

Aunque hay bienes bajo embargo, no se han valuado para saber si pueden complementar el valor de los 70.000 millones. Los acusados señalan que el dinero fue invertido en aparatos para ejecutar el contrato, aunque hay evidencia de que fue gastado en artículos personales de Tapia y otros personajes. Aunque el fiscal Francisco Barbosa aseguró que había resuelto el caso en tiempo récord, ese proceso no ha garantizado la reparación del daño causado.

Mientras tanto, cientos de colegios en el país, como es el caso del departamento del Amazonas, no cuentan con condiciones mínimas para el reinicio de clases presenciales y ofrecer educación de calidad a los menores.

SEGUIR LEYENDO: