El Decreto 84 de 2022 de la Gobernación de Arauca, firmado por su gobernador encargado, Alejandro Miguel Navas, impuso un toque de queda para cinco municipios —Arauca ciudad, Tame, Fortul, Arauquita y Saravena— que se prolongaría desde el 20 de enero “hasta que las autoridades recomienden el levantamiento de dicha medida”.
Ese periodo aparentemente indefinido ya tiene una fecha final tentativa: el próximo 20 de febrero. No obstante, la población del departamento denunció a periodistas del periódico El Tiempo que ya estaban viviendo en toque de queda desde antes del atentado en Saravena.
Los pobladores son conscientes de que la escalada de los grupos armados organizados en el departamento no es flor de un día, sino que es un proceso gestado desde hace meses. Cada grupo busca acaparar el territorio y así quedarse con las rutas de narcotráfico. Arauca, al ser un departamento fronterizo, es una zona clave para poder sacar la droga del país.
Durante varios años se mantuvieron varias treguas entre las FARC y el ELN, pero la desaparición del primer grupo por los acuerdos de paz, el deseo del ELN de tomar todo el control del territorio y el arribo de las disidencias recrudecieron la violencia en el sector.
En ese orden de ideas, las disidencias establecieron toques de queda irregulares durante el mes de enero. Por medio de panfletos, ese grupo armado anunció que ninguna persona podía salir de su casa después de las seis de la tarde, so pena de ser ajusticiada.
Una medida tan extrema como un toque de queda por un mes es un indicador claro de que el Gobierno nacional no ve una salida pronta a la situación. Los pobladores perciben lo mismo y se están marchando de Arauca. Según un comunicado del Sistema Integrado para la Paz, emitido el pasado 21 de enero, hay 269 reportes de desplazamiento forzado y se calcula que la cifra real sobrepasaría los mil.
“Se empieza a sentir en la región la repetición de un escenario similar al vivido entre 2005 y 2011, cuando a causa del enfrentamiento entre las dos organizaciones guerrilleras, cientos de personas tuvieron que salir de sus casas, dejar su tierra, perder hijos, familia y amigos, quedando muchas de las comunidades fracturadas y divididas y dejando un saldo de mil personas asesinadas, y líderes comunales, defensores de derechos humanos, campesinos y campesinas desparecidos”, dice la misiva.
Por su parte, la Oficina de Asuntos Humanitarios (Ocha) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ) alertó el pasado jueves que su cuenta de desplazados por la violencia en Arauca asciende a 1.531. Las personas conforman un total de 428 familias y habitaban en los municipios de Arauca, Arauquita, Saravena y Tame. Además, se indicó que entre los afectados hay personas de nacionalidad venezolana.
El plan de la cartera de Defensa para reforzar la seguridad en Arauca es fortalecer las labores de inteligencia, “para desmantelar las estructuras de las disidencias de las FARC y el ELN, capturar a sus cabecillas y para prevenir acciones terroristas”, puntualizó el ministro Diego Molano.
Lo que se sabe del atentado hasta ahora
El director de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas, confirmó que la camioneta utilizada en el atentado de Saravena fue robada el año pasado en Arauquita, en un sector conocido como La Esmeralda. Por otro lado, los explosivos fueron almacenados en Venezuela y trasladados a Saravena desde ese país. Aún se investiga dónde fue acondicionado el vehículo.
Según la información de inteligencia, los explosivos fueron adquiridos con dineros provenientes de negocios de narcotráfico entre las disidencias de las FARC y carteles extranjeros. El general Vargas dijo que el atentado fue ordenado por alias Antonio Medina y alias Arturo, cabecillas respectivamente de los frentes 28 y 10 de las disidencias de las FARC. Se maneja la hipótesis de que ambos están resguardados en territorio venezolano.
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