Los avances de las negociaciones para ponerse al día con sus acreedores ante su deuda cerca de 1,5 billones de pesos, la compañía Mercadería S.A.S., propietaria de la cadena de tiendas de bajo costo Justo & Bueno, cambió de dueños.
En una entrevista a El Tiempo, Michel Olmi, presidente Ejecutivo de la compañía, quien, sin ofrecer detalles de los nuevos accionistas ni del monto de la transacción,
“La empresa fue adquirida por nuevos inversionistas que vienen dando oxígeno a la operación”, señaló el Michel.
Además, aseguró que su estructura accionaria “ha cambiado”, pues “el socio principal salió y ahora tenemos nuevos inversionistas que llegaron a capitalizar la empresa”.
La Superintendencia de Sociedades durante esta semana dio la aprobación a dicha organización al proceso de reestructuración bajo la Ley 1116 del 2006.
Michel Olmi recalcó que el plan de recuperación está en marcha con el apoyo de sus proveedores y de los nuevos socios quienes están inyectando recursos, los cuales han permitido pagar los gastos operativos de la firma.
“Gracias a ese capital se pagó la nómina de diciembre que incluía la prima y a partir de la aprobación del proceso de reorganización, desde el 19 de enero obtendremos recursos para pagar los gastos administrativos como lo exige la 1116″, señaló Olmi.
Esta situación de reestructuración ha llegado de buena manera para algunos proveedores, quienes consideran que es un paso positivo para reiniciar la dinámica de negocios que hace más de 10 meses adeudan.
Uno de ellos, Juan Pablo Valencia, socio fundador de Wow Chef, un pequeño proveedor de alimentos congelados de Justo & Bueno, afirma que, a pesar de que la empresa le adeuda aproximadamente unos 140 millones de pesos, y que ahora en enero tendrá que sacar de su bolsillo y el de su socia para pagar el IVA a la DIAN, seguirán suministrando los productos a la empresa porque confían en que están encaminados a recuperar la operación de las tiendas.
Esta iniciativa depende la familia de sus ocho empleados y entre 60 y 70 pymes que hacen parte de su cadena: “la frecuencia de los pedidos es menor, pero el volumen ha subido porque han ampliado la cobertura”, expresó Valencia.
Sin embargo, los arrendatarios de los cientos de los locales donde operan las tiendas piensan lo contrario, pues dicen estar al borde de la quiebra por los impagos y la falta de voluntad de las directivas de la compañía para que se les restituyan sus inmuebles.
Oscar Bravo comentó que el sentir de al menos 300 propietarios que están en su misma posición, en la que no les pagan los arriendos desde hace unos 10 meses, no les dan la cara, no les devuelven los locales. Y ahora con la empresa en Ley 1116, tendrán que esperar cinco años más para recuperar la deuda, que por su parte es de 60 millones.
“Hay personas que viven de esos arriendos, que tomaron créditos con bancos para adquirir esos locales, para adecuarlos, y como si fuera poco, ahora tenemos que pagar el IVA sobre unos ingresos que no hemos recibido”, señaló Oscar.
Por su parte, el presidente ejecutivo de la compañía, aclaró que con el proceso de reorganización se fijarán acuerdos y plazos que se comprometen a cumplir como ordena la ley.
“Creemos en Colombia, y saldremos adelante. Lo que vemos son oportunidades y marcados retos. Por ejemplo, hay proveedores que están con nosotros pero lamentablemente, aunque tengan el deseo de apoyar, no cuentan con el capital de trabajo, por lo que resulta esencial contar con una línea de crédito del Gobierno para que puedan financiarse y poder volver a despachar. Contamos con aliados como Fenalco Antioquia que están sirviendo de mediadores para impulsar apoyo para nuestros proveedores. Las medianas y pequeñas empresas son el teijdo y el ejemplo de país que necesitamos”, concluyó el directivo.
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