Con el propósito de buscar una salida dialogada al recrudecimiento de la violencia que se presenta en el departamento de Arauca, el Sistema Integral para la Paz de Colombia hizo un llamado urgente al gobierno de Iván Duque para que facilite diálogos humanitarios entre los grupos armados ilegales que han generado una crisis humanitaria y de seguridad en esta región fronteriza con Venezuela.
A través de un comunicado, la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), y la Justicia Especial para la Paz (JEP) indicaron que este nuevo ciclo de violencia que está padeciendo la población civil, entre amenazas, enfrentamientos y ataques terroristas, “exige una respuesta humanitaria que desincentive más ataques contra la vida, la libertad y la integridad de los habitantes de este territorio”.
“El abandono estatal, la corrupción, los problemas de la tierra y el territorio, las economías ilegales y una democracia debilitada mantienen vivas las situaciones de violencia. Es necesario superar los tratamientos sintomáticos, analizar las causas más profundas y abrir espacios de dialogo que busquen resolverlas para que territorios como Arauca no sigan viviendo cada década avalanchas de hechos que fracturan las vidas, dificultan la convivencia e impiden el desarrollo a todo un territorio”, aseveraron las entidades del Sistema Integral de Paz.
En ese sentido, señalaron que desde el pasado 2 de enero las estructuras del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de la desmovilizada guerrilla de las FARC volvieron a entrar en enfrentamientos en esta región al oriente de Colombia, que han dejado un saldo de 34 asesinatos; el desplazamiento de más de 1.000 personas; dos secuestros; el confinamiento de comunidades indígenas; y amenazas a líderes y lideresas sociales y personas defensoras de derechos humanos.
Asimismo, se refirieron a los municipios más afectados por esta nueva ola de violencia dentro de los que se encuentra Tame, Arauquita, Fortul, Arauca capital y Saravena, este último escenario de un atentado con carro bomba en las últimas horas, que ocasionó la muerte de un vigilante y lesiones en al menos cinco líderes sociales que se encontraban en el edificio Héctor Arilo, espacio que presuntamente era el objetivo principal de este atentado terrorista.
“Se empieza a sentir en la región la repetición de un escenario similar al vivido entre 2005 y 2011, cuando a causa del enfrentamiento entre las dos organizaciones guerrilleras, cientos de personas tuvieron que salir de sus casas, dejar su tierra, perder hijos, familia y amigos, quedando muchas de las comunidades fracturadas y divididas y dejando un saldo de mil personas asesinadas, y líderes comunales, defensores de derechos humanos, campesinos y campesinas desparecidos”, indicó el Sistema Integral para la Paz.
A su vez, hicieron un llamado a los grupos armados para que respeten los mínimos humanitarios, una iniciativa que nació de la comunidad de este territorio para clamar por el respeto a la vida y para la disminución de las afectaciones en la sociedad. A su vez, instó a que se respeten a las comunidades campesinas, afro, indígenas, y que se deje por fuera del conflicto a menores edad, migrantes y misiones humanitarias que asistan al territorio.
Por último, llamaron a que se rechace de manera categórica este nuevo ciclo de violencia que se presenta en la mencionada región del país y formularon cuatro recomendaciones para que sean adaptadas por parte del Estado para hacerle frente a la situación humanitaria que se presenta en Arauca.
1. Acciones inmediatas para atender la situación humanitaria.
2. Crear mecanismos de protección que acompañen a los líderes, lideresas, campesinos, campesinas, indígenas y excombatientes en Arauca.
3. Propiciar desde el nivel nacional un escenario de diálogo con organizaciones, que permita promover el acompañamiento de la iglesia católica en una eventual mediación.
4. Consolidar un escenario de monitoreo y seguimiento sobre la dinámica del conflicto en el territorio.
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