La décima masacre de 2022 en Colombia se registró en zona rural de Ocaña (Norte de Santander), en la vía que comunica a la vereda Las Chircas con el municipio de San Calixto.
En ese lugar fueron asesinados tres integrantes de una misma familia identificados como; Danuil Manzano Martínez, Jannel Said Martínez Bayona y Deimer Martínez, quienes presentaron heridas con arma de fuego.
El 4 de agosto de 2020 la Defensoría del Pueblo había emitido la alerta temprana 034/20 para el municipio de Ocaña, donde reseñaba que, “se encuentran en situación de riesgo ante posibles afectaciones por el accionar de grupos armados al margen de la ley, un número aproximado de 15.900 personas habitantes de zonas urbanas y rurales del municipio”.
“Al ser la segunda ciudad con mayor importancia en Norte de Santander y que sirve como enlace de conexión con el sur del Cesar y la ciudad de Cúcuta, haciéndola atractiva para las actividades ilegales de grupos al margen de la ley, trayendo consigo la disputa territorial que hoy se libra en los municipios circunvecinos”, quedó consignado en el documento oficial.
En esta alerta temprana también se hizo énfasis en los grupos vulnerables que habitan esta zona del país y las identificó así: Mujeres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes, población víctimas y sobreviviente del conflicto armado, población migrante de origen venezolano, población en proceso de reincorporación.
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En el documento se alertaba especialmente a quienes “residen en algunos barrios de las comunas 2, 3 y 6, como posibles víctimas. Así como familias campesinas residentes en veredas de los corregimientos de Las Chircas, Llanos de los Trigos, Aguas Claras, Otaré, La Ermita, El Puente y Las Liscas”.
Precisamente fue en Las Chircas donde las autoridades encontraron primero los cuerpos de Danuil y Jannel, para un tiempo después encontrar sin vida a Deimer Martínez. Aún se desconocen detalles que rodean estos asesinatos.
Las posibles afectaciones a los derechos humanos a las que está expuesta la comunidad de Ocaña, según la Defensoría del Pueblo son: desaparición forzada, homicidio selectivo y de configuración múltiple, masacres, violencia sexual, ataques indiscriminados, accidentes por minas y/o armas trampa, municiones sin explotar y enfrentamientos con interposición de población civil con daños a bienes civiles.
En esta región del Catatumbo tienen injerencia grupos armados ilegales como el ELN, el EPL y los frentes 33 y 41 de las disidencias de las Farc y la Segunda División del Ejército colombiano.
En la alerta 034/20 la Defensoría le había solicitado a la Fiscalía seccional departamental, al CTI, a la SIJIN de la Policía Nacional, para que se ejecuten acciones coordinadas que permita esclarecer los autores y móviles de homicidios, secuestros y extorsiones que se han venido presentando en el municipio.
Entre sus recomendaciones le hizo un llamado al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación, para “que se contemple el fortalecimiento del sistema judicial en el municipio de Ocaña mediante la incorporación de fiscales especializados, la puesta en funcionamiento de una Unidad de Reacción Inmediata URI, juzgado de ejecución de penas, que garantice y facilite el acceso a la justicia”.
Según el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz), en el departamento de Norte de Santander se presentaron en 2021 cuatro masacres que dejaron 14 víctimas fatales.
Mientras que en 2020 el resultado tristemente fue de seis masacres y 28 muertos. Esta es la primera masacre de 2022 en este departamento.
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