Este jueves 20 de enero la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado presentó una solicitud a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), para que se inicie un macrocaso por los daños cometidos por parte de la desmovilizada guerrilla de las FARC al medio ambiente en Colombia.
Así lo confirmó el director de la Agencia, Camilo Gómez Alzate, quien señaló que mediante esta solicitud realizada al tribunal de paz, entidad nacida a instancias del Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y las FARC, se busca investigar y sancionar a los responsables de estos delitos ambientales, que serían parte del conflicto armado en el país.
“Los crímenes ambientales no son para nada crímenes que pueden pasar de largo. Los crímenes ambientales son considerados crímenes de guerra por el Estatuto de Roma. No hay una sola duda que los daños ambientales causados por las FARC deben ser juzgados y sancionados por la Jurisdicción Especial para la Paz”, señaló el director de la agencia.
A su vez, indicó que aparte de las investigaciones y sanciones pertinentes a los responsables de las afectaciones a los ecosistemas en el país, se debe garantizar la reparación del daño que le han causado al Estado y a la sociedad por el altísimo impacto ambiental cometido a través de estos delitos, que tendrían relación directa o indirecta con el conflicto armado.
En ese sentido, señaló que las FARC causaron un enorme impacto ambiental con los atentados terroristas a los oleoductos, torres eléctricas e infraestructura vial, así como en el uso de la minería ilegal, la cual también autorizó, en buena parte del territorio nacional y del narcotráfico, se lucró y permitió el vertimiento de millones de litros de insumos químicos y toneladas de sustancias solidas en los ríos y las selvas.
“Dentro del proceso de paz y en el marco de la actual etapa en la que se encuentra la justicia transicional, es el momento de iniciar la investigación, juzgamiento y sanción y las garantías de no repetición por el daño ambiental causado en el conflicto por las FARC”, señaló el funcionario.
Por último, indicó algunos delitos ambientales cometidos por la extinta guerrilla fueron la deforestación por narcotráfico y minería ilegal, la afectación de afluentes y ecosistemas por los atentados, y el vertimiento de químicos, que según datos recogidos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en 2020 se calcula que se vertieron 103.000 toneladas de sustancias sólidas y 525 millones delitos de insumos líquidos por el narcotráfico., aunque estas cifras no corresponderían al daño ambiental cometido por la desmovilizada guerrilla de las FARC.
Además, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) convocó el miércoles 19 de enero a las organizaciones de víctimas, que hayan presentado o estén realizando informes para la Sala de Reconocimiento, a participar de las audiencias en las que se establecerán observaciones sobre la apertura de nuevos macrocasos.
A través de un comunicado, el tribunal de paz señaló que las víctimas, que podrán hacer parte de estas audiencias de manera presencial o virtual, tienen el derecho de presentar observaciones por escrito frente a los nuevos casos que abrirá la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas en el marco del conflicto armado.
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