El jueves 20 de enero se realizó un consejo de seguridad en Quibdó, Chocó, con el fin de encontrar soluciones interinstitucionales a la situación de violencia y desplazamiento que se ha recrudecido en las últimas semanas en ese departamento.
Durante el encuentro, Carlos Guzmán, procurador delegado para Asuntos Étnicos, aseguró que, “hay algunos avances muy importantes, pero en resultados concretos es mucho lo que falta por construir”, refiriéndose a la atención de estos flagelos que se registran en esa zona del territorio nacional.
El mencionado consejo de seguridad se llevó a cabo por solicitud de la procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, quien emitió una alerta por la crisis humanitaria y de seguridad que se vive en la zona.
Al finalizar la reunión, encabezada por el gobernador del departamento, Ariel Palacios Calderón, y todas las autoridades civiles y de la fuerza pública, el Ministerio Público requirió a los asistentes para que articuladamente adopten medidas de protección a la población civil víctima del conflicto armado.
El Ministerio Público hizo especial énfasis en las líneas de confinamiento y desplazamiento, así como trabajar en los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia.
Adicionalmente, los representantes del ente de control enfatizaron en que se debe conocer cuál es el plan de trabajo que tienen las diferentes instituciones para darle cumplimiento a la directiva 02 de 2021 de la Procuraduría; se pidió que vinculen a la sociedad civil en los diferentes escenarios de discusión para que expongan sus preocupaciones y se busquen soluciones concertadas.
Así mismo, la Procuraduría solicitó que se actualicen y unifiquen permanentemente las cifras de violencia desde las diferentes entidades, se identifiquen las hipótesis delictivas sobre las que se debe trabajar y priorizar las mismas; así como aclarar las estrategias de operación para impactar las estructuras delincuenciales, más que operaciones individuales.
“Es importante revisar la atención y trámite de soluciones de protección a los Derechos Humanos por parte de diferentes sectores, tramitadas a nivel departamental de manera colectiva e individual, con el fin de definir acciones de articulación y priorización interinstitucional”, indicó el Ministerio Público durante el consejo de seguridad.
La Procuraduría solicitó un informe sobre las acciones de la Gobernación frente al desplazamiento
El pasado 17 de enero la Procuraduría Delegada para el Seguimiento al Acuerdo Final de Paz pidió al gobernador del Chocó, Ariel Palacios, un informe sobre las acciones realizadas en relación a los desplazamientos forzados masivos ocurridos en el Medio San Juan, con el fin de brindar asistencia humanitaria y garantizar la protección de la política pública de víctimas.
En la reciente visita a la capital del Chocó, el Ministerio Público se reunió con líderes y lideresas sociales para escucharlos y conocer sus problemáticas, las dificultades que están viviendo en sus comunidades por cuenta de la violencia y ofrecer el apoyo institucional para encontrar soluciones articuladas, según informó la entidad.
Durante los encuentros, se enfatizó en que se requiere realizar seguimiento a los indicadores de gestión de los Planes Integrales de Seguridad y Convivencia Ciudadana y darlos a conocer públicamente de manera oportuna y participativa.
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