Formulan pliego de cargos contra el exasesor de la Presidencia de Colombia, Andrés Mayorquín

Ante la Oficina de Control Interno Disciplinario el que fuera mano derecha de la jefe de Gabinete, María Paula Correa, tendrá que enfrentar dos cargos por la presunta comisión de faltas disciplinarias calificadas como “gravísimas”

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Andrés Mauricio Mayorquín y Karen Liseth Vaquiro. Foto: Twitter @SebastianNohra
Andrés Mauricio Mayorquín y Karen Liseth Vaquiro. Foto: Twitter @SebastianNohra

En rueda de prensa el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Víctor Muñoz, anunció que a través de la Oficina de Control Interno Disciplinario de esa entidad se le formuló pliego de cargos al exasesor Andrés Mayorquín, quien protagonizó, junto a su esposa, un escándalo en la contratación pública en Colombia.

Mayorquín fue citado a audiencia pública el próximo 3 de febrero después de que se detectaron “faltas gravísimas” en su conducta, mientras fue asesor político de María Paula Correa, jefe de Gabinete del presidente Iván Duque

“Hoy, 21 de enero de 2022, la Oficina de Control Interno Disciplinario dictó pliego de cargos, citando a audiencia pública al señor Andrés Mayorquín Bocanegra, endilgándole de manera provisional dos cargos en su contra por la presunta comisión de faltas disciplinarias, calificadas como gravísimas”, informó el director del Dapre.

El funcionario explicó que en la medida que continúe avanzando la investigación, “estas faltas gravísimas llevan a una destitución e inhabilidad de 10 a 20 años conforme a lo planteado en la ley del código disciplinario”.

Muñoz enfatizó en que, “hemos actuado con celeridad” en este caso tal como lo exigió el propio presidente Duque en declaraciones realizadas en días pasados: “Yo creo que aquí se está adelantando un proceso disciplinario con todo el rigor, sabemos la situación que ha sido no solamente bochornosa sino además de todo dolorosa y yo lo que espero es que todo el régimen de control interno pueda operar, y operar con serenidad”.

Días atrás el mismo presidente Iván Duque aseguró que el escándalo de Mayorquín es “bochornoso y doloroso”. Además, señaló que ya se está adelantando el respectivo proceso disciplinario al que hay lugar en este tipo de casos que involucra a funcionarios del gobierno.

“Yo creo que aquí se está adelantando un proceso disciplinario con todo el rigor, sabemos la situación que ha sido no solamente bochornosa sino además de todo dolorosa y yo lo que espero es que todo el régimen de control interno pueda operar, y operar con serenidad”, dijo el jefe de Estado.

Por su lado, la Procuraduría asumió poder preferente y abrió investigación disciplinaria en contra de Mayorquín Bocanegra, cuestionado por presuntamente haber influido en numerosos contratos para su esposa, Karen Váquiro, aprovechándose de su alto cargo.

La indagación disciplinaria buscará determinar si Mayorquín, como funcionario, incurrió en tráfico de influencias para conseguir contratos para su esposa en diferentes entidades, violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades y/o conflicto de intereses.

Por el momento, la Procuraduría no es competente para investigar a la señora Váquiro, según explicó, debido a que el artículo 25 de la Ley 734 de 2002 señala que, “son destinatarios de la ley disciplinaria los servidores públicos, aunque se encuentren retirados del servicio y los particulares contemplados en el artículo 53 del Libro Tercero de este código”.

Váquiro habría firmado 24 contratos de asesoría en 15 entidades públicas por más de mil millones de pesos. Si en el transcurso de la investigación contra Mayorquín se determina que ella asumió funciones públicas, podrá ser vinculada formalmente a la investigación y se adelantará actuación disciplinaria a la que haya lugar.

Tras este escándalo Duque sancionó la Ley de Transparencia que según él, “marca un hito, al establecer por primera vez una de las herramientas más fuertes y novedosas en la lucha contra la corrupción, que permite sancionar personas jurídicas, levantar velo corporativo y evitar que vuelvan a contratar con el Estado”.

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