Defensa de Uribe pide anular fallo de la Corte Constitucional

Los abogados del expresidente argumentan que algunos magistrados vulneraron el debido proceso al comprometer su imparcialidad e independencia judicial

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Bogotá. Octubre 08 del 2019.
Bogotá. Octubre 08 del 2019. Álvaro Uribe Vélez se presenta ante la Corte suprema de Justicia. Rendir testimonio en el caso en el cual está implicado por fraude y soborno procesal. Foto: ( Colprensa - Camila Díaz)

Ante la Corte Constitucional, la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez presentó un recurso de nulidad contra del fallo del 10 de noviembre de 2021, que dejó en firme su calidad de imputado dentro del proceso por presunta manipulación y presión a testigos.

Según información de El Tiempo, la solicitud de nulidad habría llegado a la Corte el pasado lunes 17 de enero y se trataría de un documento de casi 80 páginas en las que el representante de Uribe, Jaime Granados, señala que se vulneró la imparcialidad e independencia judicial por parte de algunos magistrados que tomaron la decisión.

Para la defensa de Uribe, esto representa una vulneración al derecho fundamental al debido proceso, por lo que se pide que se anule todo lo actuado.

Los argumentos de la defensa de Uribe contra Santos y Linares

Según información de Semana, uno de los argumentos que esgrime el recurso cita la presunta llamada que hizo el expresidente Juan Manuel Santos a varios magistrados previo a la decisión de la Corte.

El magistrado Alejandro Linares, quien era el ponente del caso, en su momento dijo, “entiendo que algunos colegas recibieron llamadas de ambos expresidentes” refiriéndose a Santos y a César Gaviria y una posible intervención de los mismos en la decisión de los magistrados.

La defensa de Uribe se quedó con la versión inicial de Linares, pese a que días después el magistrado se retractó diciendo que no le constaba que sus compañeros hubiesen recibido comunicaciones de los expresidentes, y mucho menos él.

La Corte tendrá que definir si realmente existen méritos para anular la decisión y se reanude de nuevo la discusión por la tutela radicada por Uribe. Al momento no existe un precedente reciente en el alto tribunal.

Por el momento, el próximo 27 de enero se reanudará la audiencia en la cual se define la solicitud de preclusión de la investigación contra Uribe por los delitos de fraude procesal y soborno. También se espera la intervención de la abogada Laura Valentina Muñoz Osorio, quien pidió ser acreditada como víctima en este proceso penal. Posteriormente, intervendrá el delegado de la Procuraduría General.

Las denuncias de Uribe contra Santos y Linares

Cabe recordar que, a finales del año pasado la defensa de Uribe presentó dos denuncias contra el expresidente Juan Manuel Santos y el magistrado Alejandro Linares al considerar que con su acción habrían afectado el libre accionar de la administración de justicia.

Sobre las mismas, según información de El Tiempo, ni la Fiscalía General ni la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes han emitido un pronunciamiento de fondo en estas dos denuncias.

La defensa de Uribe, liderada por los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana, en la denuncia argumentan que, “la conducta del magistrado Linares resulta censurable recordando que admitió y confesó públicamente que Santos había llamado a magistrados cuando se estaba definiendo y estudiando la tutela dentro del proceso contra Uribe por presunta compra de testigos y fraude procesal”.

El fallo en cuestión

El fallo del 10 de noviembre de 2021 da respuesta a una acción de tutela que presentó la defensa del expresidente. La decisión deja claro que la indagatoria que rindió el expresidente Álvaro Uribe Vélez ante la Corte Suprema de Justicia, en octubre de 2019, es equiparable con una imputación de cargos en el sistema acusatorio.

Lo que significa que el proceso penal continuaría y que Uribe sigue vinculado y formalmente imputado por fraude procesal y soborno, sin que esto signifique un choque de trenes entre las altas cortes, como argumentó la defensa del expresidente.

El magistrado Alejandro Linares, ponente de la decisión de la Corte Constitucional, resaltó que, “la Corte señaló que cuando hay un cambio por renuncia o por adquisición de fuero constitucional, durante la etapa de la investigación conservará validez todo lo actuado, y se parte de la base de que hay una equivalencia funcional entre la indagatoria y la imputación”.

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