Contraloría encontró millonarias irregularidades en obras contratadas con la Agencia Logística de las FF. MM.

Alegando incumplimiento del contrato, Ecopetrol demandó a la Agencia Logística de las FF. MM. y pretende que se le condene en cuantía de $32 mil millones

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Militares del Ejército de Colombia
Militares del Ejército de Colombia (Colprensa - Álvaro Tavera)

Este 20 de enero se conoció que la Contraloría General de la República encontró dos presuntos hallazgos fiscales por $41.921 millones, por irregularidades en obras contratadas con la Agencia Logística de las Fuerzas Militares.

De acuerdo con la entidad, el mayor hallazgo con presunta incidencia fiscal es por $39.319 millones, producto de “ineficientes gestiones contractuales” de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, en desarrollo del Convenio de Colaboración No. 12-060 MDN/ARC-ECOPETROL No. 12-060 (5211516) firmado con Ecopetrol, para la construcción del Puerto Fluvial Avanzado de Infantería de Marina N° 31, obras que no se han ejecutado dentro de los plazos previstos, debido a debilidades en los estudios y diseños, incumplimiento de contratos y deficiencias de supervisión y control.

Asimismo, el documento reveló que las nuevas instalaciones no solamente presentan problemas en la fase de planeación, sino también en la ejecución de las obras, donde según lo manifestado en los estudios de Ecopetrol, se presentaron “malos procesos constructivos, incumplimiento de normas técnicas, desviación de la ingeniería de detalle y falta de funcionalidad de las redes”, que coinciden con los estudios de sismo resistencia contratados por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, que señalan el incumplimiento de la norma Sismo Resistencia NSR – 10 y estiman que el reforzamiento requería un presupuesto estimado de $7.963 millones.

“En términos generales, frente a los incumplimientos y no terminación de las obligaciones del Contrato No. 001-289-2012 Unión Temporal Puesto Fluvial 31, Contrato No. 001-046-2017 Consorcio Obras Barrancabermeja y Contrato No. 001-286-2016 Consorcio PFA31 Barranca, entre otros, se considera que son recursos invertidos en una obra inconclusa y sin financiamiento para su terminación, lo cual se convierte en una pérdida para el Estado, por la no consecución de los fines de dicha contratación”.

De acuerdo con el ente de control, Ecopetrol invirtió $37.253.689.330 para la construcción y de otra parte la Agencia Logística de las Fuerzas Militares invirtió $2.005.310.182,00 para cubrir los gastos causados a consecuencia del incumplimiento de obligaciones contractuales y el abandono de las obras.

“La Agencia Logística de las FF.MM. no cuenta con los recursos para garantizar la continuidad y terminación del proyecto, ni tampoco se observa diligencia que permita la conclusión de la obra, con el agravante que Ecopetrol no tiene la disposición de transferir recursos adicionales para dejar en óptimas condiciones de habitabilidad y operatividad el Puesto Fluvial, De este modo, la obra al quedar desfinanciada no podrá terminarse, quedando condenada a su abandono”, aseguró la Contraloría.

En este momento Ecopetrol interpuso demanda ante el Tribunal 004 Administrativo Oral de Santander en contra de la Agencia Logística de las FF. MM., en cuya pretensión solicita declarar el incumplimiento del contrato y condenar a esta entidad por daños materiales, en cuantía de $32.009 millones de pesos.

Más hallazgos fiscales de la Contraloría en el Ejército Nacional

De igual manera, la Contraloría Delegada para el Sector Defensa y Seguridad estableció un presunto hallazgo fiscal por pagos injustificados en cuantía de $2.601 millones del Contrato No. 001-001-2015 para la construcción de Batallón Especial, Energético y Vial, BAEEV N° 16, ubicado en el municipio de Puerto Jordán (Arauca).

Como resultado de la evaluación e inspección de las obras de conducción de este batallón se evidencia incumplimiento de las funciones asignadas al supervisor, por cuanto se reconoció como desequilibrio económico del contrato un mayor valor respecto al costo del transporte por más de $1.486 millones, que se encontraba dentro de los riesgos económicos que debía asumir el contratista.

Y como segundo hecho generador de daño, se evidenció el pago del corte final de obra, en cuantía de más de $1.115 millones, a pesar de las recomendaciones de la interventoría de no pagar dicho monto.

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