Este martes, la fuerza pública colombiana adelantó la campaña militar y policial Atlas sobre las aguas del río Tapaje, en zona rural del municipio de El Charco (Nariño). Esta ofensiva contó con apoyo del Ejército, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional de Colombia.
El resultado de ese operativo coordinado terminó con la captura de tres personas y el rescate de una niña que había sido reclutada, cuya custodia pasó a manos del Bienestar Familiar.
El operativo
La ofensiva militar tuvo lugar en la vereda de San Pedro Bolívar. En ese lugar, las Fuerzas Armadas pasaron varias horas hostigando a miembros del grupo armado organizado residual Franco Benavides, estructura liderada por Miguel Botache Santillana, alias Gentil Duarte, que opera principalmente en los afluentes del Cauca.
Cuando se les acabó la tierra a los insurgentes, abordaron una lancha, echaron las armas que traían consigo al río Tapaje y trataron de huir.
Lo que esas personas no esperaban era que había una unidad del batallón fluvial esperando que fueran arrinconadas para capturarlas y decomisar su bote. Dicho vehículo fue inspeccionado y en este se hallaron dos fusiles, proveedores, abundante munición y material de intendencia perteneciente a las fuerzas militares.
Los tres detenidos en la operación fueron llevados a un helicóptero hasta el municipio de Tumaco, donde a esta hora permanecen mientras son judicializados.
Así está la situación de orden público en El Charco
Los habitantes del municipio conviven con un constante problema de orden público que se suma al abandono del Estado colombiano, cuya presencia se ha limitado a la ofensiva militar contra el narcotráfico.
La subregión de Sanquianga está en una posición geográfica clave para convertirse en un puerto donde podrían ocurrir importantes intercambios comerciales: conecta con el mar Pacífico y con importantes afluentes de la región.
Sin embargo, la falta de estrategia estatal ha permitido que ese enclave se use para cultivar y exportar coca, por lo cual se convirtió en un sector atractivo para los grupos armados delincuenciales. De hecho, según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci), desde El Charco se produce un 3,6 % de la coca de todo el país.
La presencia de los grupos armados organizados residuales en El Charco ha dejado más de 15.345 víctimas reportadas en la base de datos de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas de Colombia.
La cifra sigue en ascenso: en los últimos meses se ha reportado una constante ofensiva de estos grupos armados, que ha resultado en el desplazamiento masivo de personas desde las zonas rurales de El Charco y ha generado presión en los organismos de socorro.
La presencia de la fuerza pública tampoco es una garantía de seguridad para la población de El Charco. En una carta dirigida a la alta consejera para los derechos humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, fue presentada una denuncia: según esta misiva, miembros del Ejército han iniciado cruces de disparos en la cabecera municipal, los cuales han confinado a las personas en sus viviendas, además de causar muertos y heridos de la población civil.
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