Duque calificó de bochornoso y doloroso el escándalo de Andrés Mayorquín y su esposa

El exfuncionario de la Presidencia de la República y su esposa son cuestionados por los millonarios contratos que suscribieron con el Estado

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El presidente de Colombia, Iván
El presidente de Colombia, Iván Duque, en una fotografía de archivo. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

Este martes 18 de enero el presidente de la República, Iván Duque, se refirió al escándalo que involucra al exasesor de María Paula Correa, Andrés Mayorquín y su esposa, Karen Váquiro.

Las declaraciones del presidente se conocieron justamente luego de sancionar la Ley de Transparencia, Prevención y Lucha Contra la Corrupción, que busca enfrentar a quienes pretenden lucrarse con los recursos públicos.

El presidente Duque aseguró que el escándalo de Mayorquín es “bochornoso y doloroso”. Además, señaló que ya se está adelantando el respectivo proceso disciplinario al que hay lugar en este tipo de casos que involucra a funcionarios del gobierno.

Andrés Mauricio Mayorquín y Karen
Andrés Mauricio Mayorquín y Karen Liseth Vaquiro. Foto: Twitter @SebastianNohra
“Yo creo que aquí se está adelantando un proceso disciplinario con todo el rigor, sabemos la situación que ha sido no solamente bochornosa sino además de todo dolorosa y yo lo que espero es que todo el régimen de control interno pueda operar, y operar con serenidad”, dijo el jefe de Estado este martes.

Así mismo, aseguró que el exfuncionario defraudó a quienes le dieron confianza y por eso espera que se actúe con rigor en esta situación.

“Yo quiero que sobre esto, se pueda sentar también un precedente, porque claramente como lo ha señalada él mismo, él defraudó a quienes depositamos confianza en él y yo lo que espero es que este régimen sancionatorio, también con claridad y con la objetividad que tiene también muestre que aquí operan las sanciones cuando no se procede correctamente”, agregó el presidente de la República en su declaración ante medios de comunicación.

Procuraduría adelanta una investigación disciplinaria

La Procuraduría asumió poder preferente y abrió investigación disciplinaria en contra de Andrés Mayorquín Bocanegra, cuestionado por presuntamente haber influido en numerosos contratos para su esposa, Karen Váquiro, cuando fue asesor de María Paula Correa y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.

La indagación disciplinaria buscará determinar si Mayorquín, como funcionario, incurrió en tráfico de influencias para conseguir contratos para su esposa en diferentes entidades, violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades y/o conflicto de intereses.

Por el momento, la Procuraduría no es competente para investigar a la señora Váquiro, según explicó, debido a que el artículo 25 de la Ley 734 de 2002 señala que, “son destinatarios de la ley disciplinaria los servidores públicos, aunque se encuentren retirados del servicio y los particulares contemplados en el artículo 53 del Libro Tercero de este código”.

Váquiro habría firmado 24 contratos de asesoría en 15 entidades públicas por más de mil millones de pesos. Si en el transcurso de la investigación contra Mayorquín se determina que ella asumió funciones públicas, podrá ser vinculada formalmente a la investigación y se adelantará actuación disciplinaria a la que haya lugar.

Sobre la Ley de Transparencia

El presidente Duque aseguró que la sanción de esta ley “marca un hito, al establecer por primera vez una de las herramientas más fuertes y novedosas en la lucha contra la corrupción, que permite sancionar personas jurídicas, levantar velo corporativo y evitar que vuelvan a contratar con el Estado”.

“Sancionamos esta ley que tiene como marco referencial la palabra prioridad; promueve la colaboración armónica y a su vez, independencia de poderes y demuestra que se pueden realizar cambios estructurales en la lucha contra este flagelo”, continúo el mandatario.

El denominado velo corporativo se levanta cuando se cuente con serios indicios de que la acción u omisión de una persona jurídica pueda determinar que existen casos de corrupción que ponen en riesgo los recursos públicos.

Así mismo, aplica cuando la persona jurídica promueva o se encuentre en estado de insolvencia o liquidación, y ponga en riesgo el resarcimiento del patrimonio público afectado.

Este proyecto de ley estuvo encabezado por la Vicepresidencia de la República, la Secretaría de Transparencia y 25 entidades del Estado.

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