La Procuraduría asumió poder preferente y abrió investigación disciplinaria en contra de Andrés Mayorquín Bocanegra, quien es cuestionado por presuntamente haber influido en numerosos contratos para su esposa, Karen Váquiro, cuando fue asesor de María Paula Correa y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
La indagación disciplinaria buscará determinar si Mayorquín, como funcionario, incurrió en tráfico de influencias para conseguir contratos para su esposa en diferentes entidades, violación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades y/o conflicto de intereses.
“El Ministerio Público adelanta esta actuación con el fin de determinar la ocurrencia de las conductas presuntamente irregulares, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometieron, así como concluir si se constituyen o no en faltas disciplinarias”, señaló el ente de control.
Por el momento, la Procuraduría no es competente para investigar a la señora Váquiro, según explicó, debido a que el artículo 25 de la Ley 734 de 2002 señala que “son destinatarios de la ley disciplinaria los servidores públicos, aunque se encuentren retirados del servicio y los particulares contemplados en el artículo 53 del Libro Tercero de este código”.
Váquiro habría firmado 24 contratos de asesoría en 15 entidades públicas por más de mil millones de pesos. Si en el transcurso de la investigación contra Mayorquín, se determina que ella asumió funciones públicas, podrá ser vinculada formalmente a la investigación y se adelantará actuación disciplinaria a la que haya lugar.
La Procuraduría tampoco anunció investigación por los funcionarios de las 15 entidades públicas que contrataron a Váquiro, la mayoría por selección directa, quienes sí son sujetos del régimen disciplinario y otorgaron contratos a una persona que aparentemente no tenía experiencia.
El ente de control reiteró el derecho de Mayorquín Bocanegra para ser escuchado en diligencia de versión libre y espontánea en la que podrá presentar las pruebas que considere pertinentes para su defensa. Públicamente aseguran desconocer el régimen de inhabilidades.
“Desgraciadamente, pequé por inocencia, por desconocimiento de las leyes contractuales, específicamente que rigen al sector público. No tenía idea de que estaba inhabilitada para trabajar en el mismo lugar que mi esposo”, aseguró Váquiro en entrevista con la emisora Blu Radio.
Según la pareja, ella obtuvo los millonarios contratos por “tocar puertas”, “insistir” y porque “siempre busca estar adelante”, además sostienen que no incurrieron en faltas o delitos. “No se ha robado un peso. Todo se ha formalizado y presentado conforme a la ley”, aseguraron.
La Fiscalía también abrió el pasado 13 de enero una indagación preliminar para determinar si Mayorquín incurrió en el delito de tráfico de influencias, valiéndose de su cargo, para los millonarios contratos de su esposa, así como si ella habría cometido falsedad en documento público por su hoja de vida y declaración de inhabilidades.
Según dijo Víctor Muñoz, director del DAPRE, el pasado 12 de enero, la entidad ya adelantaba una investigación disciplinaria interna desde el mes de noviembre en contra del funcionario, y se conoce que Váquiro no manifestó en el SIGEP inhabilidades, cuando su relación con Mayorquín le impedía participar de procesos licitatorios.
La contratista ha afirmado que excluyó esa relación, supuestamente, porque no quería el apoyo de su pareja en la contratación. Sin embargo, el diario El Tiempo determinó que en al menos en tres contratos (Ministerio del Deporte, Superintendencia de Notariado y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS), el que gestionó todo fue Mayorquín.
Así mismo, que habría sido él quien incluyó su hoja de vida en bancos de perfiles de entidades públicas y el alcalde de Cartagena, William Dau, reveló chats de WhatsApp, aceptados por Mayorquín, en los que le ofrece los servicios de su esposa y la recomienda para asesorías sobre temas del Congreso de la República.
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