Pese a que diferentes organismos nacionales e internacionales han puesto en alerta la seguridad de los defensores de derechos humanos y lideres sociales en Colombia, la masacre perpetrada contra estos continua. Este 18 de enero, dos ONG defensoras de los derechos de las comunidades campesinas denunciaron el asesinato de la líder social Luz Marina Arteaga.
De acuerdo con los primeros testimonios, el lunes 17 de enero las autoridades colombianos dieron a conocer que se recuperó el cuerpo sin vida de la mujer en el río Meta a su paso por el municipio de Orocué, en el departamento de Casanare.
«Denunciamos a nivel nacional e internacional que en horas de la mañana (del lunes) fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer; al parecer se trata de la médica, lideresa campesina, defensora de derechos y reclamante de tierras», detalla el documento entregado por la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello y la Corporación Jurídica Yira Castro.
Los habitantes de la zona rápidamente la reconocieron pues Luz Marina era una líder con mucho impacto en su comunidad pues era médica de profesión, defensora de derechos humanos y reclamante de tierras. Según la agencia Efe, las alarmas se prendieron desde el 12 de enero que se encontraba desaparecida y pese a los esfuerzos de la comunidad no existía rastró de ella.
De acuerdo con el diario de El Tiempo, su familia indicó que el día que desapareció salió de su finca El Raudal, ubicada en la vereda Matarratón, en Puerto Gaitán, hacia el casco urbano de Orocué, Casanare, lugar de residencia.
Posterior a eso, hacia las 3:00 p.m. realizó dos llamadas telefónicas: una al señor motorista para que la transportara de Matarratón a Orocué y la otra se desconoce la persona; y hacia las 4:30 p.m desembarcó de la lancha en el lugar conocido como el paso de Pelencho, en Orocué, a orillas del rio Meta, donde fue vista por última vez hablando con un señor de una motocicleta, de quien se desconoce la identidad y el paradero.
Al parecer según relata el comunicado de las ONG’s, Arteaga llevaba algún tiempo teniendo problemas con su seguridad. Incluso, ya habían exigido a la Unidad Nacional de Protección una asignación de medidas pero la respuesta nunca llegó; debido a la critica situación y al asesinato de la líder, las organizaciones pidieron a las autoridades celeridad en el proceso de investigación y protección para otros lideres de la comunidad.
“Exigimos a las autoridades celeridad y transparencia en la investigación de los hechos, así como la protección inmediata de los demás líderes y defensores que están amenazados”, se lee en el documento.
Recordemos que en el 2021 un líder social o defensor de derechos humanos fue asesinado en Colombia cada dos días y medio, una cifra preocupante por la acción de los grupos armados ilegales pese que se redujo en un 20% en comparación con el año previo, informó la Defensoría del Pueblo.
La violencia contra los líderes sociales, así como las masacres de civiles, se convirtieron en uno de los principales problemas para el Gobierno colombiano, blanco de frecuentes críticas de la comunidad internacional y de organizaciones no gubernamentales que exigen acciones para frenar las muertes.
“Lamentamos profundamente cada uno de los casos, por el impacto que tiene sobre las comunidades. Repudiamos esos hechos que se dan principalmente por el accionar criminal de los grupos armados ilegales”, dijo en una declaración el defensor del pueblo, Carlos Camargo.
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