Aspirantes a Curules de Paz denuncian cobros de la Registraduría y otros obstáculos para financiar su campañas

Luego de trabas, discusiones, debates y acciones judiciales, el próximo 13 de marzo se elegirán las 16 curules de paz, donde habitantes de 16 territorios afectados por el conflicto en Colombia, tendrán la posibilidad de ser elegidos para ocupar un lugar en la Cámara de Representantes.

Para cumplir los requisitos en esta elección los habitantes de las comunidades beneficiadas deberán acreditar que están registradas como víctimas aportando la carta que así lo certifica la Unidad de Víctimas.

Pero a menos de dos meses de las elecciones legislativas, víctimas de Chocó, Arauca, Norte de Santander y Montes de María y quienes aspiran a las circunscripciones de paz, denunciaron en una investigación de Colombia+20 del diario El Espectador, los obstáculos que se les están presentan al momento de inscribir su candidatura.

Para empezar, rechazan el cobro de $7 millones por parte de la Registraduría como una póliza para darles el 50 % de los recursos para sus campañas.

Una candidata de los Montes de María añadió que es ilógico cobrarles esto a víctimas y organizaciones que no tienen un sustento financiero y que tampoco pueden recibir aportes privados.

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Por su parte el Consejo Nacional Electoral argumentó que cualquier ciudadano tiene que cumplir con el ordenamiento jurídico, que confirma que quien aspira a un cargo de elección popular debe hacer efectiva esta póliza.

“Son $7 millones sin saber además de cuánto será el aporte del Estado para nuestras campañas. Para pagar esa póliza mejor hacemos por nuestra cuenta la publicidad en nuestros territorios”, aseguró un líder de Chocó.

En total son 398 aspirantes que se disputarán el 13 de marzo de 2022 los 16 puestos en la Cámara de Representantes.

Otra de las denuncias que hacen son los pocos puestos de votación en las zonas rurales de sus departamentos. Según la ley que creó a las curules de paz, “el CNE deberá crear puestos de votación en áreas rurales de los 167 que integran las circunscripciones”.

De acuerdo con la Registraduría, se crearon 434 puestos de votación en todo el país. Aún así, las candidatas y candidatos sostienen que hay zonas donde la gente no tiene dónde votar.

“El pueblo hitnu, que son alrededor de 150 personas, tiene que desplazarse hora y media en lancha hasta la vereda más cercana con un puesto. Además, ellos ni sabían que tenían que inscribir sus cédulas y que tienen el derecho a votar por víctimas. ¿Dónde están los delegados de la Registraduría? Ni se tomaron el tiempo de ir hasta allá”, detalló la lideresa de Arauca al medio.

Y la violencia no cesa. Uno de los riesgos que también destacan, son las presiones que ejercen las Autodefensas Gaitanista de Colombia y el Clan del Golfo, que amenazan a los habitantes de las poblaciones, para que voten por cierto candidato.

Así lo han denunciado habitantes de zona rural de Ovejas (Sucre).”Nuestra lista está amenazada por las Agc. El día anterior para inscribirnos le dejaron mensajes de mi compañero de lista de que no querían que hiciéramos proselitismo político y que si lo veían en esas iba a ser declarado objetivo militar. Lo denunciamos y la Unidad Nacional de Protección está estudiando el caso”, aseguró un líder.

Frente a las garantías de seguridad el CNE aseguró que han puesto en conocimiento al Ministerio del Interior y a la fuerza pública los casos que les han llegado de amenazas y ya son ellos quienes tienen que brindarles protección.

Por último, organizaciones como La Red Nacional de Iniciativas por la Paz y Contra la Guerra (Redepaz) denunció que a pesar de ser una organización de víctimas no fue reconocida como tal por la Registraduría al momento de inscribir sus candidatos.

A raíz de esa falta de reconocimiento algunas víctimas del conflicto por hechos como desplazamiento forzado, homicidio o secuestro, se quedaron sin la oportunidad de estar en el Congreso. A otros miembros les tocó inscribirse a través de otras organizaciones para que los aceptaran.

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