Unidad de Víctimas habría hecho giros a fallecidos y no registrados por más de 600 millones de pesos

Pagos a fallecidos, giros a personas no registradas y acreditación posterior a las indemnizaciones fueron algunas de las irregularidades por más de 692 millones de pesos que halló la Contraloría General de la República en la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV).

El organismo de control realizará seguimiento a los recursos destinados a las personas sobrevivientes de hechos de violencia en el país, debido a que se encuentran en riesgo por las situaciones identificadas tras una actuación especial de fiscalización, que realizó la Contraloría Delegada para el Posconflicto y para la Inclusión Social.

Los hallazgos de ese seguimiento a la asignación de los recursos para la atención y reparación de las víctimas determinó tres principales irregularidades del nivel administrativo a la hora de realizar los giros, que tendrán en curso procesos de responsabilidad fiscal. La inspección se realizó durante el segundo semestre de 2021 para las vigencias de 2014 hasta el 2020.

De acuerdo con el contralor delegado para el Posconflicto, Juan Carlos Gualdrón, se identificaron tres irregularidades principales, debido a un deficiente manejo administrativo de las bases de datos en las que se soportan los giros que se hacen a las víctimas.

Se encontró que la Unidad de Víctimas está realizando actos administrativos para legalizar los giros que se hacen a los bancos posterior a haber realizado la transacción del dinero. Esa acción, según Gualdrón, constituye un hecho cumplido en términos de contratación pública. Es decir que se realizó un negocio jurídico que afectó los recursos públicos que se hayan cumplido los requisitos o apropiaciones presupuestales previamente.

Así mismo, se encontraron deficiencias entre las bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil y el estado de las personas beneficiarias en el Registro Único de Víctimas. Por ejemplo, se identificó que se habían realizado giros a personas fallecidas, reportadas a la Registraduría, antes de que se realizara la transacción.

La Contraloría advirtió que los operadores bancarios no reconocen pagos sobre giros realizados por la UARIV en los casos señalados en el informe fiscal. Además, también se encuentran graves falencias en los procesos de verificación de identidades de los beneficiarios, que causa discrepancias entre los nombres y números de cédula de los beneficiarios de los giros con los datos de las víctimas.

“Uno de los hallazgos más destacados tiene que ver con la incapacidad de la UARIV para soportar actuaciones administrativas de su competencia durante largos periodos de tiempo, ocasionando un recorte del alcance de la labor de control fiscal y poniendo en riesgo el adecuado control sobre sus procesos y el manejo de los recursos públicos”, señaló la Contraloría

En total, se establecieron nueve hallazgos administrativos, de los cuales cinco tienen posible connotación fiscal por $692.746.490, hay ocho con presunta incidencia disciplinaria, siete son de carácter penal, dos para solicitud de indagación preliminar por una cuantía estimada de $33.314.000, y uno para proceso administrativo sancionatorio fiscal.

El ente de control hará traslado de los hallazgos a las autoridades competentes así como iniciará los procesos de responsabilidad fiscal los más de 600 millones de pesos. También corresponderá a la Procuraduría y a la Fiscalía adelantar las investigaciones correspondientes a las demás irregularidades.

Ramón Rodríguez, director de la Unidad de Víctimas, aseguró en el balance final del 2021 que del Registro Único de Víctimas se habían excluido 41.312 personas por presentar inconsistencias o irregularidades detectadas al momento de su declaración.

Se habían presentado 140 denuncias por esos hechos, presuntas falsas víctimas que rindieron falso testimonio para acceder a recursos de reparación de UARIV. Se produjeron 45 capturas y se recuperaron $71.472.917, dinero que se habían apropiado personas inescrupulosas y que pertenecían a recursos destinados a las víctimas.

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