Red de Veedurías denunció formalmente a Andrés Mauricio Mayorquín y su esposa, Karen Liseth Váquiro

Luego del escándalo por los millonarios contratos con el Estado, que involucran al exfuncionario del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República Andrés Mauricio Mayorquín y a su esposa, Karen Liseth Váquiro Cuéllar, la Red de Veedurías instauró una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación.

El presidente de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, solicitó al ente acusador que se investigue a la pareja por la comisión de los presuntos delitos de concierto para delinquir y tráfico de influencias, entre otros.

“Se solicita se adelante investigación penal contra Andres Mayorquín Bocanegra, en su calidad de entonces funcionario del DAPRE, con su cónyuge, Karen Liseth Váquiro Cuéllar, por los presuntos punibles de tráfico de influencias, falsedad -en documento al no dar cuenta y ocultar el vínculo matrimonial existente y no informar a las entidades a las cuales cada uno hacia parte-, contrato sin el lleno de los requisitos legales -de idoneidad y experiencia y el manifiesto conflicto de intereses en concurso-, concierto para delinquir logrando para y la suscripción de 24 contratos por más de $1.245 millones, 22 por contratación directa, con múltiples entidades del Estado”, dice la denuncia que interpuso la Red de Veedurías.

Al parecer, este jueves la Fiscalía General de la Nación inició una indagación preliminar. En este proceso, el ente acusador busca establecer si Mayorquín y su esposa efectivamente cometieron los delitos por los que son señalados.

Si la Fiscalía logra establecer que la pareja incurrió en esas irregularidades, se abriría una investigación formal en la que se les imputaría los cargos que el ente encuentre pertinentes.

Cabe recordar que, el escándalo arrancó con la investigación del periodista de Blu radio, Sebastián Nohra, quien expuso que Mayorquín, mano derecha de la jefe de Gabinete María Paula Correa durante los dos años que ha estado trabajando en Presidencia, habría ayudado a que su esposa obtuviera importantes contratos con quince entidades públicas.

Toda una hazaña para una profesional que apenas tenía experiencia laboral de 20 meses como gerente de oficina en el Banco de Bogotá donde ganaba 3′600.000 de pesos y quien pasó a enfrentar múltiples obligaciones contractuales devengando 1.245 millones de pesos, la suma de los contratos que consiguió con el Estado.

También solicitan una investigación disciplinaria a la Procuraduría

Además de la denuncia que interpuso Bustos ante la Fiscalía, también se hizo una solicitud a la Procuraduría General de la Nación para que inicie una investigación disciplinaria.

La Red de Veedurías hizo la solicitud al Ministerio Público “por hallarse presuntamente incurso en diversas irregularidades como son el conflicto de intereses en concurso, contrato sin el lleno de los requisitos legales, falsedad al no dar cuenta del vínculo matrimonial existente y no informar a las entidades a las cuales cada uno hacia parte, así como la falta de idoneidad y experiencia requerida para el desempeño de tales funciones por parte de la citada contratista, entre otros, logrando suscribir 24 contratos por más de $1.245 millones, 22 por contratación directa, con múltiples entidades del Estado”.

Cabe recordar que, ante este escándalo los funcionarios del Gobierno nacional aseguraron que no tenían conocimiento de los contratos que había suscrito la esposa del exfuncionario con el Estado.

“Con respecto a la información sobre los contratos que tuvo su cónyuge durante los años 2020 y 2021, me permito informar que no tenía conocimiento sobre ninguno de ellos y en ningún momento me pidió interceder ante ninguna entidad para contrato alguno”, aseguró María Paula Correa.

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