Ministerio de Transporte recibió 8 propuestas para operar el RUNT

Algunos proponentes ofrecieron al gobierno la totalidad de los ingresos por la explotación comercial del registro, el cual supera los $800.000 millones de pesos

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 RUNT del Ministerio de
RUNT del Ministerio de Transporte cumplió audiencia con proponentes

Avanzó el proceso licitatorio para adjudicar el Registro Único Nacional de Tránsito RUNT con 8 oferentes que cumplieron los requerimientos oficiales para continuar en esta convocatoria.

Así lo anunció la ministra del ramo, Ángela María Orozco: “hemos puesto controles y tomado decisiones para que este proceso sea transparente, con pluralidad y libre competencia, y resultado de ello es que hoy de manera pública recibimos ocho ofertas por parte de los oferentes: Runt Digital 2.0, Promesa de Sociedad Futura Circulemos Colombia S.A.S, Promesa de Sociedad Futura Concesión Runt 2.0 S.A.S, Promesa de Sociedad Futura “Runt Digital”, PSF TDI, Yak TIL, Concesión Nuevo Runt S.A.S y Cosmocolor Colombia”.

Trascendió que dos de los oferentes propusieron al gobierno dejarle la totalidad del dinero que reciban por la explotación comercial del RUNT en los próximos 10 años mientras que otros dos ofrecieron cederle el 95 % de los ingresos.

Estas ofertas son significativas dado que el ministerio de Transporte estima que el negocio del RUNT se encuentra valorado en $800.000 millones de pesos.

Lo que sigue en el proceso es la evaluación de las propuestas a cargo de la Universidad Nacional de Colombia. Como hecho significativo, uno de los oferentes, Yak Til S.A.S, cargó la documentación a 20 minutos del cierre de la convocatoria pero los archivos no pudieron leerse en público por problemas del sistema.

Con miras a garantizar la mayor transparencia posible en este proceso licitatorio, el ministerio de Transporte informó que desarrolló varios pasos para llegar a la fase de recepción de ofertas de la jornada anterior, a saber: la creación del comité de estructuración integrado por diferentes expertos que tenían la responsabilidad de coordinar y articular lo que hoy es el pliego de condiciones; la realización de distintas sesiones informativas previo al inicio y durante el proceso, que no son obligatorias, para recoger comentarios de los interesados sobre los documentos que soportan el proceso licitatorio, entre otros.

Una vez abierta la licitación, se dispuso que todas las adendas pasaran por revisión y discusión del comité de contratación, lo cual no es obligatorio; se contrataron expertos en diversos temas que acompañan la licitación; además, se otorgó el plazo máximo legal para la presentación de ofertas, para que los interesados tuvieran un tiempo suficiente para participar.

La actual página del Runt.
La actual página del Runt. Foto: Caputra

Según la entidad, los anteriores procedimientos demostraron que “los controles del proceso en la etapa previa al cierre le brindaron credibilidad y un alto estándar de transparencia y pluralidad de oferentes”.

Cabe recordar que dicho proceso licitatorio fue suspendido por cinco días en la primera semana de enero debido a un supuesto error en uno de los documentos de la licitación.

El documento en cuestión fue la Adenda No. 6 del proceso, que fue adicionada por el Ministerio de Transporte el pasado 30 de diciembre y conocida en pleno año nuevo, que significó un cambio de condiciones y causó el anuncio del retiro de las aseguradoras de los proponentes.

Según el Ministerio de Transporte, el 27 de diciembre el asesor de seguros de la entidad, envió un mensaje en el que recomendó modificar un aparte de la Garantía Única de Cumplimiento del contrato, específicamente en la cobertura del amparo.

Con la modificación hecha ese día, el amparo de la calidad del servicio debía garantizar “las obligaciones del Concesionario asociadas a la ejecución y liquidación del Contrato, incluyendo el pago de la Cláusula Penal y de las Multas y demás sanciones que se causen en la ejecución del Contrato y que sean exigibles en cada etapa, o se trasladen de la etapa anterior como pendientes de ejecutar”,

De acuerdo con la ministra Ángela María Orozco, en ese tiempo se corrigió un error de transcripción que fue la causa de la inconformidad con los proponentes, y precisó que “el amparo de la calidad de servicio no incluye la multa o la cláusula penal”.

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