Sigue la polémica en torno a Andrés Mayorquín, exasesor político de la jefe de Gabinete, María Paula Correa, quien se habría aprovechado de su alto cargo para, en menos de dos años, conseguir que su esposa, Karen Liseth Váquiro, se ganara 24 contratos con diferentes entidades del Estado por más de $1.245 millones.
Tratando de seguir la pista de ese exfuncionario, La Silla Vacía publicó un artículo en el que relata que Mayorquín viene de las entrañas del Centro Democrático, partido de gobierno, y que incluso trabajó en la UTL del expresidente Álvaro Uribe cuando este era senador.
“En esa hoja de vida, Mayorquín dice haber estado en la mesa de renegociación entre el Centro Democrático y el Gobierno Santos tras la victoria del No en el plebiscito. Su labor era ‘asesorar jurídica y económicamente la estructuración del proyecto de acuerdo de paz’”, señaló ese medio.
Pero Mayorquín estuvo principalmente vinculado laboralmente con Orlando Castañeda, quien ganó la curul en representación de la Misión Carismática Internacional, un grupo cristiano que participó en la lista cerrada que armó Uribe en 2014 para ganar la oposición en el Senado.
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Dice La Silla Vacía que la vinculación de Mayorquín no aparece registrada en los archivos públicos de las oficinas del Senado de Uribe.
Por esta información, el expresidente se pronunció en Twitter y desmintió que Mayorquín haya trabajado en su UTL.
“La Silla Vacía está equivocada y desinforma, Andrés Marroquín no ha sido de la UTL de Honorio Henríquez ni fue de la de Álvaro Uribe. Trabajaba con un senador de la Misión Carismática que se retiró del CD en 2018″, sostuvo.
Este mismo viernes el presidente de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, solicitó a la Fiscalía que se investigue a la pareja por la comisión de los presuntos delitos de concierto para delinquir y tráfico de influencias, entre otros.
“Se solicita se adelante investigación penal contra Andrés Mayorquín Bocanegra, en su calidad de entonces funcionario del DAPRE, con su cónyuge, Karen Liseth Váquiro Cuéllar, por los presuntos punibles de tráfico de influencias, falsedad -en documento al no dar cuenta y ocultar el vínculo matrimonial existente y no informar a las entidades a las cuales cada uno hacia parte-, contrato sin el lleno de los requisitos legales -de idoneidad y experiencia y el manifiesto conflicto de intereses en concurso-, concierto para delinquir logrando para y la suscripción de 24 contratos por más de $1.245 millones, 22 por contratación directa, con múltiples entidades del Estado”, dice la denuncia que interpuso la Red de Veedurías.
El ente acusador ya inició una indagación preliminar y busca establecer si Mayorquín y su esposa efectivamente cometieron los delitos por los que son señalados.
Si la Fiscalía logra establecer que la pareja incurrió en esas irregularidades, se abriría una investigación formal en la que se les imputaría los cargos que el ente encuentre pertinentes.
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Cabe recordar que, el escándalo arrancó con la investigación del periodista de Blu Radio, Sebastián Nohra, quien expuso que Mayorquín, mano derecha de la jefe de Gabinete, María Paula Correa, habría ayudado a que su esposa obtuviera importantes contratos con quince entidades públicas.
Toda una hazaña para una profesional que apenas tenía experiencia laboral de 20 meses como gerente de oficina en el Banco de Bogotá donde ganaba 3′600.000 de pesos y quien pasó a enfrentar múltiples obligaciones contractuales devengando 1.245 millones de pesos, la suma de los contratos que consiguió con el Estado.
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