Superservicios pidió informe financiero y de gobierno a EPM

Natasha Avendaño, superintendente de Servicios Públicos, solicitó al gerente general de Empresas Públicas de Medellín (EPM), Jorge Andrés Carrillo, que le proporcione información a fin de desarrollar un seguimiento “al desempeño del gobierno corporativo y financiero de la empresa”.

Así lo dio a conocer la emisora Blu Radio, que también informó que la solicitud se hizo a través de una carta donde le pide al dirigente que, “informe todas las acciones realizadas por usted y demás administradores para corregir lo evidenciado en el capítulo de Gobierno Corporativo del reporte de evaluación integral del mes de octubre de 2021 que elaboró esta Superintendencia”.

Del mismo modo, la información precisó que en relación al presupuesto aprobado de la empresa para 2022 y en concordancia con lo manifestado por el Concejo de Medellín, “la Superintendencia manifiesta que EPM realizará una transferencia de 1.8 billones de pesos al municipio”.

“En este sentido, la entidad requiere un informe sobre cómo la empresa espera cumplir con las obligaciones financieras de deuda a corto plazo, la transferencia aprobada por el Concejo y el flujo de caja necesario para la operación y para cubrir las obligaciones de inversión de la misma”, precisó el medio sobre la comunicación enviada.

Así fue como la emisora recogió que al mismo tiempo, la Superintendencia Financiera informó que está llevando a cabo un seguimiento “al reporte de evaluación entregado en el mes de octubre del año pasado”. En línea con ello, desde la semana entrante estarán llevando a cabo “visitas in situ para hacer revisión de las acciones tomadas por la empresa para corregir los hallazgos evidenciados en dicho reporte”.

El pasado diciembre, la entidad multó a las empresas Uniaguas (actualmente Aqualia) y Servicios Ambientales de Córdoba (Seacor) por fallas en la prestación de los servicios de acueducto y aseo, respectivamente, en diferentes municipios de Córdoba cuyos usuarios fueron afectados por estas actuaciones.

Según precisó la Superservicios, Uniaguas fue sancionada con una multa de $1.232 millones por no contar con las concesiones de agua subterráneas para los pozos 2 y 3 del municipio de Sahagún, y por no prestar el servicio de acueducto con los niveles mínimos de presión en Cereté, Ciénaga de Oro y Sahagún.

Las investigaciones iniciaron en 2018 cuando Uniaguas aún era el prestador en estos municipios; una vez absorbida por la empresa Aqualia, la Superservicios ha hecho seguimiento a su operación en esta zona del país.

Por su parte, Seacor, que presta el servicio de aseo en Tierra Alta y Montelíbano, fue multada por $1.084 millones al comprobarse un incumplimiento en el suministro de elementos que deben poseer los operarios, no tener base de operaciones, ni contar con un programa para la prestación del servicio de aseo ajustado a lineamientos exigidos.

Adicionalmente, por incumplir normas técnicas en actividades de recolección de residuos sólidos no aprovechables, y en los vehículos de recolección y transporte de residuos sólidos en el municipio de Tierra Alta.

Las multas impuestas a estos dos prestadores se derivan de procesos iniciados en los años 2018 y 2019 por la Dirección de Investigaciones de la Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo. Las empresas fueron notificadas de las sanciones, encontrándose dentro del plazo legal para interponer los recursos de ley ante la Superservicios, en el marco del debido proceso.

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