ONU recibió más de 200 denuncias de asesinatos de líderes sociales en 2021

Una vez más, la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia en su informe anual alertó que durante el transcurso de 2021 recibió un total de 202 denuncias sobre asesinatos de líderes y lideresas sociales en el país. Estos datos presentan un aumento del 35 % en comparación al año 2020, cuando registró 133.

La ONU indicó que del total general pudo verificar la condición de víctima de líder social en 78 casos de los que fueron denunciados, y que en al menos 17 de los homicidios el líder defendía los intereses de comunidades indígenas o afrodescendientes.

Los departamentos con mas hechos de violencia, según reportó la ONU en su informe, son Valle del Cauca con más de 31 homicidios, seguido por Cauca, con 11 casos y Antioquia con seis.

Por otra parte, el reporte indicó que 39 de las 202 denuncias totales aún continúan en proceso de estudio, y allí se encuentran los casos de al menos ocho líderes indígenas, dos afrodescendientes y un defensor LGBTI.

Adicionalmente, la ONU señaló que en 85 de las alegaciones que recibieron durante el año no se logró acreditar la condición de líder social de las personas asesinadas o que la hipótesis de muerte estuviese relacionada con su trabajo comunitario. Lo anterior, de acuerdo con los estándares definidos internacionalmente, por lo que fueron declarados casos “no concluyentes”.

Por su parte, el Instituto de Estudios para El Desarrollo y la Paz (Indepaz), contabilizó en 2021 el asesinato de 152 líderes sociales y defensores de derechos humanos y de 43 firmantes del Acuerdo Final de Paz y excombatienes de las FARC que fueron asesinados o desaparecidos durante ese mismo año.

A su vez, Human Right Watch explicó el fenómeno de violencia hacia líderes y lideresas sociales que desangra al país así: “En Colombia, las autoridades no ejercen un control efectivo sobre varias zonas previamente controladas por las FARC, lo cual en gran parte ha permitido la violencia contra defensores de derechos humanos.”

“El Gobierno ha desplegado tropas a muchas zonas del país, pero no ha fortalecido al mismo tiempo el sistema de justicia, ni ha asegurado un acceso adecuado a oportunidades económicas y educativas y a servicios públicos”. explicó la ONG.

Una de las conclusiones a las que llegó la investigación de Human Rights Watch señaló que, “estas falencias han limitado significativamente los esfuerzos del gobierno para contrarrestar el poder de los grupos armados y prevenir violaciones de derechos humanos”.

El Gobierno colombiano cuenta hoy en día con dos mecanismos para la protección de los derechos humanos. El primero es la Unidad Nacional de Protección (UNP) que depende del Ministerio del Interior y que desde 2011 tiene a su cargo la protección de personas en riesgo.

Sin embargo, la UNP solo ofrece esquemas de protección individual en respuesta a denuncias de amenazas y varios líderes asesinados no habían recibido amenazas o no habían podido denunciarlas ante los fiscales.

La otra herramienta con la que cuenta el Estado es el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo, que cuenta con funcionarios en varias regiones del país donde hay poca presencia de otros actores estatales y se encarga de monitorear e identificar riesgos y amenazas a quien ejerza el liderazgo social.

Sin embargo, las autoridades nacionales, departamentales y municipales no han respondido a las alertas tempranas o han adoptado medidas que tienen escaso impacto en el terreno.

“El gobierno del Presidente Iván Duque ha promovido estos mecanismos superficialmente, a menudo generando la impresión de que se están tomando medidas, aunque en realidad la mayoría de estos mecanismos prácticamente no funcionan o presentan graves falencias”, recalcó Human Right Watch en su informe del año pasado.

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