En diciembre de 2021, Leonardo Espinosa, director general de la división de Investigación de la Universidad Sergio Arboleda, denunció al rector, Rodrigo Noguera, ante el Ministerio de Educación y la Alcaldía Mayor de Bogotá, por posibles irregularidades al interior de la universidad, como hacer pagos inexplicables y mantener una nómina paralela.
En un documento de 47 páginas, dirigido tanto a la ministra María Victoria Angulo y a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, Espinosa fue enfático al afirmar que la universidad no es un negocio familiar sino, más bien, una entidad sin ánimo de lucro que debe someterse al control de las autoridades.
El Ministerio de Educación respondió a la denuncia de Espinosa, y por medio de su Oficina de Inspección y Vigilancia indicó que, “se llevará a cabo una visita focalizada a la Universidad Sergio Arboleda, en el mes de enero cuando dicha institución inicie su calendario académico. Como resultado de dicha visita se rendirá un informe técnico, a partir del cual, el Ministerio de Educación Nacional definirá las acciones que en el marco de nuestra competencia correspondan”.
Pero también aclaró que sus competencias en materia de inspección y vigilancia, “se circunscriben a la verificación del cumplimiento efectivo de las normas que regulan la prestación del servicio de educación superior por parte de las instituciones de este nivel formativo y de sus directivos, así como el cumplimiento de sus disposiciones estatutarias y reglamentarias internas”.
<b>Las denuncias</b>
Espinosa, quien en su momento fue decano de la facultad de Derecho, denunció que la presunta nómina paralela habría beneficiado a personas como el fiscal General, Francisco Barbosa; Miguel Ceballos, exalto comisionado para la Paz; el exmagistrado Jorge Pretelt Chaljub, involucrado en el escándalo del cartel de la toga, y personas cercanas a Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura condenado a 17 años de prisión.
El denunciante afirmó que Pretelt recibió pagos de la universidad mientras ejercía como magistrado en la Corte Constitucional, a lo que, según Daniel Coronell, el rector Noguera dijo no recordar estos pagos, pero presume que, de haberse dado, debió ser por dar clase. Lo que ha desmentido el denunciante Espinosa.
“Pocos días antes de ser elegido Fiscal General de la Nación, estando en el cargo de Alto Consejero para los DD.HH. de la Presidencia, se hizo nombrar como docente-investigador de la Escuela Mayor de Derecho, recibiendo varios millones de pesos mensuales, durante cerca de un año, sin haber hecho prácticamente nada representativo para la Universidad en ese periodo, ni dictado o impartido clases. Simplemente cobró millonarias sumas de dinero, por no hacer nada” se puede leer en la denuncia de Espinosa.
De acuerdo con el denunciante, Miguel Ceballos también habría recibido pagos injustificados, ya que “como Alto Consejero Presidencial conservaría varios millones de ingreso mensual, pagados por la Universidad Sergio Arboleda, bajo la apariencia de unas clases y algunas labores de apoyo a la investigación. Actividades respecto de las cuales se le autorizó una Profesora Auxiliar que resultó dictando, en su reemplazo, muchas de las clases que se suponía debía atender Miguel Ceballos”.
El denunciante también señaló que la Universidad Sergio Arboleda giró más de 200 millones de pesos en cheques para la compra de una finca en Casanare llamada ‘Los Tres Hermanos’, adquirida por la sociedad R y Z Guadalupe SAS y cuyo representante legal es el rector Rodrigo Noguera.
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