“La violencia relacionada con el conflicto ha adaptado nuevas formas”: HRW

Este jueves 13 de enero Human Rights Watch (HRW) publicó su informe anual en el que alertó que la violencia vinculada al conflicto armado en Colombia adaptó nuevas formas luego de la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Estado colombiano y la desmovilizada guerrilla de las FARC, presentando un recrudecimiento durante 2021.

La organización defensora de derechos humanos advirtió que durante el año pasado se presentó un incremento de los abusos cometidos por parte de los grupos armados ilegales en las zonas más apartadas del territorio nacional, dentro de los que resalta los asesinatos, las masacres y el desplazamiento forzado masivo, a pesar de que se había presentado una disminución de los hechos violentos después de la firma del Acuerdo Final de Paz.

“La población civil en varias regiones del país sufrió graves abusos cometidos por miembros del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las FARC y grupos sucesores del paramilitarismo. Defensores de derechos humanos, periodistas, líderes indígenas y afrocolombianos y otros activistas comunitarios han sufrido amenazas de muerte y actos de violencia constantes. El gobierno ha adoptado medidas insuficientes e inadecuadas para protegerlos”, indicó HRW en su capítulo dedicado a Colombia.

En ese sentido, señaló que que los grupos armados ilegales perpetraron múltiples masacres en el territorio nacional, que según el Instituto para el desarrollo y la paz de Colombia (Indepaz) ascendieron a 96 matanzas durante el año anterior, 82 de las cuales fueron documentadas por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) entre enero y septiembre.

A su vez, denunció que grupos armados ilegales como el ELN continuaron cometiendo crímenes de guerra y varias violaciones a los derechos de la población, como homicidios y reclutamiento de menores, así como las disidencias de las FARC perpetraron masacres, homicidios y secuestros en el municipio de Argelia, departamento del Cauca, en el que se presentaron desplazamientos masivos por parte de los pobladores.

“En el departamento de Chocó, en la costa occidental del país, continuaron los enfrentamientos entre el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), una organización sucesora del paramilitarismo. El temor a las minas antipersonales, las amenazas de grupos armados y los peligros del fuego cruzado impidieron que más de 33.000 personas en Chocó pudieran salir de sus comunidades entre enero y septiembre, una situación que se conoce como ‘confinamiento’”, denunció la organización.

De igual manera, señaló que a finales de julio de 2021 los enfrentamientos entre los grupos residuales de las FARC y el Clan del Golfo obligaron a más de 4.000 personas a huir del municipio de Ituango, en el departamento de Antioquia, caso que se asemeja al desplazamiento que se presentó en la costa pacífica del departamento de Nariño por combates entre las mismas disidencias durante agosto.

Por otra parte, alertó sobre la violencia cometida contra los defensores de derechos humanos y los líderes y lideresas sociales, ya que según las cifras de la organización, más de 500 activistas han sido asesinados desde 2016, de los cuales 58 habían sido confirmados hasta septiembre del año anterior y se verificaban otros 34 casos, “lo que convierte a Colombia en uno de los países con las estadísticas más elevadas en homicidios contra defensores a nivel mundial”.

“La mayoría de estos asesinatos ocurrieron en zonas donde son comunes las actividades económicas ilegales, incluyendo, entre otras, la producción y el tráfico de drogas. Estas zonas incluyen los departamentos de Putumayo, Cauca, Valle del Cauca y Nariño en el sur; la región de Catatumbo, en la frontera con Venezuela; y la región del Bajo Cauca”, indicó HRW en el informe.

Por último, alertó de que según datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (Unocha), más de 60.000 personas fueron desplazadas entre enero y septiembre de 2021, la cifra más alta que ha registrado esta oficina desde 2012, señalando que los entes territoriales en la mayoría de los casos no cuentan con fondos para asistir a estas víctimas y en “muchos casos la respuesta del Gobierno nacional ha sido lenta e ineficiente”.

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