HRW critica que Colombia no haya tomado las medidas necesarias para reformar la Policía ante los abusos que se reportaron en el 2021

Pasado medio año desde que se dio el estallido social que provocó múltiples marchas en el territorio nacional y dejó en evidencia irregularidades al interior de la policía por las múltiples denuncias de violaciones a las derechos humanos, la organización internacional Human Right Watch -HRW- lanzó una fuerte crítica, mediante la presentación de su informe anual, a la falta de compromiso del Gobierno colombiano para tomar cartas en el asunto y seguir las recomendaciones hechas por varios mecanismos que señalaban la necesidad de reformas la Policía, para evitar que a futuro se vuelvan a presentar nuevas denuncias contra la institución, homicidios, desapariciones y otras violaciones.

En el documento presentado por HRW, se recuerda el desolador panorama que vivió el país entre finales de abril y junio del 2021 cuando se registraron 84 muertos, de los cuales 25 fueron por la acción policial.

“Policías cometieron graves violaciones de derechos humanos en respuesta a protestas mayormente pacíficas que se desarrollaron en Colombia entre fines de abril y mediados de junio de 2021. Human Rights Watch halló evidencias que vinculan a la policía con 25 asesinatos de manifestantes y transeúntes, en la mayoría de los casos con municiones letales”, se lee en el documento publicado este 13 de enero.

Donde posteriormente el ente internacional anota que pese a las denuncias, las pruebas y sugerencias el Gobierno “aún no ha adoptado medidas significativas para reformar su fuerza policial”; y tampoco se ha creado “un marco jurídico que contribuya a que se haga justicia por estas violaciones de derechos humanos”.

Recordemos que HRW fue una de las organizaciones que más alertas puso sobre el paro nacional y los picos de violencia que se desataron en el país para ese momento. Incluso, en junio sacó un informe titulado “Colombia: Brutalidad policial contra manifestantes”, en el que condenó los “gravísimos abusos de la fuerza pública”.

“Para el Gobierno del presidente Iván Duque, incluido el director de la Policía Nacional: Condenar de forma inequívoca las violaciones de derechos humanos, incluyendo los casos de uso excesivo de la fuerza y de violencia sexual por parte de policías, así como los casos en los cuales miembros de la Policía no tomaron acciones para frenar ataques en contra de manifestantes”, señala el informe.

Por lo que pidieron que se priorizarán las investigaciones disciplinarias sobre abusos policiales, por lo menos desde 2019, exigiendo un compromiso para evidenciar los avances, así como la rendición de cuentas por parte de los agentes que cometieron estos actos y sus superiores.

Por otra parte, recomendaron suspender el uso de Venom y los proyectiles de impacto cinético hasta que se lleve a cabo un análisis sobre los riesgos de estas armas, la capacitación que han tenido los agentes que las utilizan y los protocolos para su uso con el fin de disolver las protestas.

A su vez, sugirieron que se realizará una revisión exhaustiva de las prácticas, los protocolos y los equipos de control de multitudes de la Policía, así como de la capacitación de los agentes sobre el derecho a reunirse de manera pacífica, el uso de la fuerza y otros derechos humanos. Sin embargo, el informe no fue tenido en cuenta y el Gobierno no adapto las sugerencias.

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