Bancadas de la oposición piden la renuncia de María Paula Correa por escándalo de su asesor

La esposa de su anterior asesor político, Andrés Mauricio Mayorquín, recibió millonarios contratos que sumaron más de 1.200 millones de pesos

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María Paula Correa, jefe de gabinete de Iván Duque.
María Paula Correa, jefe de gabinete de Iván Duque.

Luego de conocerse la investigación hecha por Blu Radio, que expuso los millonarios contratos que el Estado le concedió a Karen Liseth Vaquiro, esposa del ahora exasesor político de María Paula Correa, Andrés Mauricio Mayorquín, se ha atizado la polémica pues son varias voces que afirman que no solamente Mayorquín debió salir de su cargo, sino que la misma funcionaria, quien se desempeña como jefe de gabinete del gobierno Duque, debería renunciar.

Este es el pedido que han realizado varias figuras de la bancada de la oposición en el Congreso, y una de ellas es Katherine Miranda, quien afirmó que no basta con el despido de Mayorquín y que Correa debe abandonar su cargo.

“Resulta insólito creer que ella -María Paula Correa- no conocía de estos multimillonarios contratos, así que debería renunciar por responsabilidad política frente al país”, petición de la representante a la Cámara que fue apoyada por Wilson Arias, senador del Polo Democrático, y hasta relacionó este caso con el de la exministra de TIC Karen Abudinen, y el escándalo del contrato del que permanecen perdidos 70 mil millones de pesos del adelanto otorgado al consorcio Centros Poblados.

“Podría ocurrir como en el caso de Abudinen, que la opinión pública pese tanto que sea insoportable para el gobierno mantenerla. Que renuncie”, solicitó el congresista. A estos cuestionamientos se sumó el de Sandra Ramírez, senadora del partido Comunes, evocando en su cuenta de Twitter el polémico contrato de 1.400 millones destinado a logística de eventos de la Fiscalía.

“Los que se escandalizaron tanto por el presupuesto de la Comisión de la Verdad, ¿dirán algo sobre los contratos que le dieron a la esposa del asesor presidencial de Duque por más de 1.200 millones o con el contrato del Fiscal por mas 1.400 millones? O ¿esos no importan?”, expresó en un trino la parlamentaria.

También concejales de Bogotá de la UP como Heidy Sánchez manifestó que, “¡Se siguen abudineando los recursos públicos!” y pidió que Mayorquín fuera investigado.

“Me siento asaltada en mi buena fe”: María Paula Correa tras conocerse el escándalo

Cabe recordar que en la noche de este martes, María Paula Correa indicó que no tenía conocimiento de los contratos adjudicados a Karen Liseth Vaquiro, enfatizando en que ambos “deberán dar todas las explicaciones sobre los contratos que se encontraban en cabeza de ella”.

“Confío en la buena fe de quienes trabajan dentro de mi equipo y rechazo de manera contundente cualquier conducta que falte a los más altos estándares éticos”, añadió la actual funcionaria de Presidencia.

Asimismo, Correa reiteró en rueda de prensa que no tenía información sobre aquellos contratos y que, tan pronto se percató de las irregularidades en un contrato del Departamento Administrativo para la Presidencia -y que hace parte de la investigación periodística- en noviembre del año pasado, se realizaron las tareas de indagación pertinentes.

“(…) Cuando salen todos estos nuevos contratos sí me siento, como jefe directa, asaltada en mi buena fe, pero ya serán las entidades las que tendrán que determinar cuál fue la conducta tanto de él -Mayorquín- como de su cónyuge.

En ese mismo orden, Víctor Muñoz, director del Dapre, envió un mensaje aclarando que “acá hay cero tolerancia con la corrupción” y calificó de inaceptable el actuar del exasesor político de Correa y el favorecimiento de los 24 contratos que le fueron entregados a su pareja en un periodo de 19 meses y donde se mencionan entidades como los ministerios de Cultura, Justicia y del Deporte, así como la Agencia Nacional de Tierras, la Aeronáutica Civil, la Supervigilancia, el ESAP, el Senado de la República, el Archivo General de la Nación, la Registraduría, la Gobernación de Cundinamarca, el Icetex, la Superintendencia de Notariado, la Agencia de Desarrollo Rural, el Dps y la Secretaría jurídica de la Alcaldía de Bogotá

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