“No tenía conocimiento”: María Paula Correa por escándalo en contratos de su asesor político

María Paula Correa, jefe de gabinete del gobierno de Iván Duque, le tocó salir a explicar su relación con el asesor político Andrés Mauricio Mayorquín, quien trabajó para ella hasta este 11 de enero, cuando una investigación periodística expuso los múltiples contratos que se ganó su esposa mientras él fue funcionario de la Presidencia.

“Conocí a Andrés Mayorquín en el año 2019 por su trabajo previo en el Congreso de la República. Como uno de los funcionarios de la jefatura de Gabinete, sus principales funciones eran el seguimiento a los diferentes proyectos de ley de iniciativa gubernamental, así como el relacionamiento entre la Presidencia y las demás entidades del gobierno nacional en asuntos legislativos”, fue lo primero en asegurar Correa.

La funcionaria, quien es vista como la mano derecha del presidente Duque, dijo además que Mayorquín, durante su tiempo como asesor, cumplió sus funciones con responsabilidad.

“Con respecto a la información sobre los contratos que tuvo su cónyuge durante los años 2020 y 2021, me permito informar que no tenía conocimiento sobre ninguno de ellos y en ningún momento me pidió interceder ante ninguna entidad para contrato alguno”, señaló.

“Confío en la buena fe de quienes trabajan dentro mi equipo y rechazo de manera contundente cualquier conducta que falte a los más altos estándares éticos, que debemos tener todos los funcionarios públicos. Cero tolerancia con quién utilice su cargo para favorecerse. El señor Andrés Mayorquín y su cónyuge deberán dar todas las explicaciones sobre los contratos que se encontraban en cabeza de ella”, agregó Correa.

Sobre este tema, desde Presidencia informaron que desde el 12 de noviembre, la Oficina de Control Disciplinario de la Presidencia de la República inició una investigación contra el asesor político la cual se encuentra en etapa probatoria.

Igualmente, que Mayorquín fue apartado del cargo este 11 de ener, tras conocerse públicamente la relación de su cargo con los contratos que adquirió de manera sospechosa su esposa.

Sobre la investigación

La investigación reveló que la cónyuge de Mayorquín, en menos de 22 meses, ya ha estampado su firma en 24 contratos con el Estado. Las millonarias cifras detrás de estos acuerdos, así como las irregularidades en el proceso, son apenas un capítulo de la historia.

Vaquiro, esposa de Mayorquín, se convirtió en contratista de más de quince entidades del Estado. Esto ocurrió desde enero de 2020, apenas tres meses después de que su cónyuge arribara a la Presidencia, según halló la investigación de Nohra en Blu Radio.

Lo curioso es que la mujer solo habría presentado una una experiencia laboral de 20 meses como gerente de oficina en el Banco de Bogotá, recibiendo un salario de $3.600.000, de acuerdo con las pesquisas del citado medio. A ello se le suman siete meses como parte de Link Consultores SAS, empresa de la que ella y su esposo son los representantes legales.

El más reciente de estos contratos fue firmado con la Aeronáutica Civil en noviembre del año pasado por 10 millones de pesos. Sin embargo, la cifra de contratos firmados con el Estado asciende a 24, llegando a sumar un total de 1.245 millones de pesos.

“Revisando el objeto de varios de sus contratos es evidente que las obligaciones e intereses laborales de la señora Vaquiro orbitan alrededor del Congreso en donde su esposo, el abogado Mayorquín, se mueve en representación del Gobierno”, sostuvo el periodista en la publicación. A partir de allí surgen contratos con la Agencia Nacional de Tierras y la Gobernación de Cundinamarca, por ejemplo, para “brindar acompañamiento y seguimiento a los trámites legislativos del Congreso”, y que sean de interés para las mencionadas entidades.

Otro de los puntos sobre el cual se hizo énfasis fue en que Vaquiro no podía firmar dos de esos 24 contratos por inhabilidades e incompatibilidades. Estos tuvieron se desarrollaron con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y, para ese entonces, Mayorquín trabajaba en dicha entidad.

De acuerdo con la Ley 80 de 1993, no hay posibilidad de licitar o celebrar un contrato con el Estado si se es cónyuge de un servidor público con niveles “directivo, asesor, ejecutivo, o de un miembro de la junta o consejo directivo, o de quien ejerza funciones de control interno o de control fiscal”.

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