Líder indígena postulada al Senado recibió múltiples amenazas

Aida Quilcé, aspirante al Congreso de la República, denunció que ya son más de 90 las amenazas que recibe en su contra ante la Fiscalía General de la Nación, por parte de diferentes actores en el departamento del Cauca.

La dirigente, quién se ha desempeñado como consejera mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric y de la Organización Nacional Indígena de Colombia, Onic, recalcó que el recrudecimiento de las intimidaciones, ha generado la renuncia de sus escoltas.

Desde el año 2008, las amenazas de los grupos delincuenciales son una constante, cuando asesinaron a su esposo y ella registró la primera denuncia.

Además, afirmó que, en época electoral, la situación se ha agudizado. El más reciente fue el pasado 31 de diciembre en el resguardo indígena de Páez, norte del Cauca, donde dos hombres armados ingresaron al territorio e intimidaron a un grupo de niños para que entregaran información de Aída Quilcué, su familia y otros líderes de la zona.

Ante la recurrente situación de inseguridad de la lideresa, integrantes de su esquema des seguridad han renunciado: “El primero de enero renunció uno de ellos, porque consideran que es complicada la situación”, dijo.

La Unidad Especial de Investigación (UEI) de la Fiscalía, dice que para 2021 logró esclarecer al menos el 68,35% de los homicidios de líderes sociales reconocidos por la Organización de Naciones Unidas ONU. Además el ente investigador comunicó que en 285 de los 417 casos de líderes sociales asesinados hasta 2021 hubo capturas, imputaciones, llamados a juicio o condenas. Eso lleva a que la Fiscalía mencioné que ha generado un esclarecimiento de casi tres cuartas partes de los procesos. Un aumento de efectividad del 16 puntos porcentuales a comparación al 52 por ciento de febrero del 2020, mencionó el director Hernando Toro.

En el informe se resalta que 284 hechos corresponden a asesinatos, 47 a tentativas de homicidio y 21 casos a desapariciones forzadas de reincorporados de la desmovilizada guerrilla de las FARC. Sobre los familiares de los excombatientes el informe registra 56 casos de homicidio, 5 de tentativa y 1 de desaparición forzada.

La UEI identificó el 94,70% de las afectaciones a civiles, reincorporados y sus familiares, integrantes de las fuerzas armadas, funcionarios y líderes sociales. Todo esto gracias a una estrategia ejecutada conjuntamente en las zonas de Putumayo, Bajo Cauca, Norte de Santander, Antioquia, Huila, Casanare, Meta, Tumaco, Riosucio, Caquetá y el Sur de Bolívar.

Dentro del comunicado se nombran las estructuras criminales son los mayores responsables de las agresiones y violencia generada a los defensores de derechos, líderes, reincorporados y sus núcleos familiares. Entre los grupos que advierten las investigaciones están las disidencias de las FARC, El Clan del Golfo, ELN y otras estructuras delictivas a las cuales se le han judicializado 25 de sus integrantes el año anterior. El informe generado por parte de la Fiscalía aportó pruebas que permitieron que se emitieran un total de 46 condenas a los responsables de los crímenes cometidos.

“Estos logros son posibles gracias al trabajo articulado al interior de la entidad, así como la puesta en marcha de 13 proyectos investigativos Putumayo, Antioquia, Bajo Cauca y Sur de Córdoba, Norte de Cauca, Norte de Santander, Huila, Meta, Casanare, Riosucio (Chocó), Arauca, Caquetá, Sur de Bolívar y Tumaco (Nariño)”, señaló el director de la UEI, Hernando Toro Parra.

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