Presidencia despide al asesor político de María Paula Correa tras escándalo por contratos

Una investigación del periodista de Blu Radio Sebastián Nohra dejó al descubierto los millonarios contratos que el Estado le adjudicó a Karen Liseth Vaquiro, esposa de Andrés Mauricio Mayorquín quien se desempeñaba como asesor político de María Paula Correa, jefe de Gabinete y una de las personas más poderosas del gobierno de Iván Duque.

Tras la revelación de este escándalo, la Casa de Nariño informó que el señor Mayorquín fue desvinculado del cargo como asesor político y trabaja hasta este 11 de enero.

“Desde el 12 de noviembre, la Oficina de Control Disciplinario de la Presidencia de la República inició una investigación contra el señor Andrés Mayorquín, servidor del Dapre. La investigación se encuentra en etapa probatoria, con el radicado número 1949-2021; el investigado fue notificado en su momento y se encuentra actuando dentro de la investigación”, señaló Presidencia.

Así mismo, reiteraron que ni la jefe de Gabinete, María Paula Correa, ni funcionarios de Presidencia tenían conocimiento de los contratos con entidades públicas que tenía la esposa del señor Mayorquín.

Sobre la investigación

La investigación reveló que la cónyuge de Mayorquín, en menos de 22 meses, ya ha estampado su firma en 24 contratos con el Estado. Las millonarias cifras detrás de estos acuerdos, así como las irregularidades en el proceso, son apenas un capítulo de la historia.

Vaquiro, esposa de Mayorquín, se convirtió en contratista de más de quince entidades del Estado. Esto ocurrió desde enero de 2020, apenas tres meses después de que su cónyuge arribara a la Presidencia, según halló la investigación de Nohra en Blu Radio.

Lo curioso es que la mujer solo habría presentado una una experiencia laboral de 20 meses como gerente de oficina en el Banco de Bogotá, recibiendo un salario de $3.600.000, de acuerdo con las pesquisas del citado medio. A ello se le suman siete meses como parte de Link Consultores SAS, empresa de la que ella y su esposo son los representantes legales.

El más reciente de estos contratos fue firmado con la Aeronáutica Civil en noviembre del año pasado por 10 millones de pesos. Sin embargo, la cifra de contratos firmados con el Estado asciende a 24, llegando a sumar un total de 1.245 millones de pesos.

“Revisando el objeto de varios de sus contratos es evidente que las obligaciones e intereses laborales de la señora Vaquiro orbitan alrededor del Congreso en donde su esposo, el abogado Mayorquín, se mueve en representación del Gobierno”, sostuvo el periodista en la publicación. A partir de allí surgen contratos con la Agencia Nacional de Tierras y la Gobernación de Cundinamarca, por ejemplo, para “brindar acompañamiento y seguimiento a los trámites legislativos del Congreso”, y que sean de interés para las mencionadas entidades.

Otro de los puntos sobre el cual se hizo énfasis fue en que Vaquiro no podía firmar dos de esos 24 contratos por inhabilidades e incompatibilidades. Estos tuvieron se desarrollaron con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y, para ese entonces, Mayorquín trabajaba en dicha entidad.

De acuerdo con la Ley 80 de 1993, no hay posibilidad de licitar o celebrar un contrato con el Estado si se es cónyuge de un servidor público con niveles “directivo, asesor, ejecutivo, o de un miembro de la junta o consejo directivo, o de quien ejerza funciones de control interno o de control fiscal”.

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