Paramilitarismo y terceros: el nuevo macrocaso que prepara la JEP

Los macrocasos de la JEP llegarán a 10 durante este año, con la apertura de nuevos casos, entre los cuales se priorizará la investigación y juzgamiento del paramilitarismo y la participación de terceros, uno de los puntos clave del funcionamiento de ese tribunal en su concepción.

El magistrado y presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, confirmó al diario El Tiempo que se tiene previsto abrir este año tres nuevos macrocasos, que se suman a los siete que ya están andando para un total de 10. Se abrirá un caso sobre daños a pueblos étnicos; el llamado “sombrilla Farc-EP” y finalmente el de paramilitarismo, terceros y agentes de Estado.

Se espera que la apertura se de en los tres primeros meses del año y, según dijo el magistrado Cifuentes, con estos nuevos casos “se cubrirán todos los patrones de macrocriminalidad ocurridos en el conflicto, y se identificarán y llamarán a reconocer a todos los máximos responsables”.

El fenómeno del paramilitarismo ha sido principalmente cobijado por la Ley de Justicia y Paz o Ley 795 de 2005, que permitió la desmovilización de varios de los principales grupos a inicios de siglo. Sin embargo, varios de los principales capos fueron extraditados a Estados Unidos y algunos ya han salido tras cumplir sus condenas en ese país, mientras no han contribuido a la verdad por los crímenes contra los derechos humanos que cometieron.

Aunque algunos se oponen a que lleguen a la JEP, ese tribunal transicional buscaría acogerlos porque varios de los casos, como los falsos positivos y las masacres, tienen profunda relación en las alianzas de paramilitares y agentes del Estado, como se ha demostrado en algunas determinaciones de los magistrados. Salvatore Mancuso ya ha participado en la Comisión de la Verdad y está dispuesto a aportar al esclarecimiento en el tribunal especial, según ha dicho, así como los tímidos intentos de Jorge 40. Alias ‘Otoniel’ también compareció poco después de ser capturado.

En cuanto a los terceros civiles, desde la concepción de la JEP en la mesa de La Habana se había contemplado su comparecencia voluntaria. Se trata de personas nacionales o extranjeras que voluntariamente decidan someterse a la Jurisdicción y que, sin formar parte de organizaciones o grupos armados, ni ser miembros de la Fuerza Pública, hayan contribuido de manera directa o indirecta a la comisión de delitos en el marco del conflicto armado.

Sin embargo, la competencia de la JEP para con los terceros civiles y agentes del Estado no miembros de la fuerza pública se modificó y en sus primeros años solo pudo investigar a los que hubiesen cometido financiamiento o patrocinio. Aunque la Corte Constitucional eliminó esas barreras, estableció que el juzgamiento debe ser siempre que haya comparecencia voluntaria y no los puede citar.

Por eso algunos, como el ex negociador Humberto de la Calle, cuestionan el avance de la JEP en ese aspecto que no ha logrado arrancar. La participación de esos actores permitiría ampliar el panorama del conflicto y sus diversos fenómenos, y contribuir a la construcción de verdad. Además, podrían acceder a los beneficios de penas alternativas que contempla esa justicia.

La JEP tiene el objetivo de juzgar a los máximos responsables de las conductas y los hechos más graves cometidos en el marco del conflicto armado colombiano, desde 1985 hasta 2016. Para hacerlo, estudió desde diferentes fuentes como archivos judiciales, informes, estudios, documentos y testimonios las situaciones más representativas en cuanto a magnitud de la victimización, gravedad de los delitos cometidos y actores participantes que luego agrupó como macrocasos.

Es una estrategia para el desarrollo de las investigaciones y juzgamiento de los máximos responsables, así como lograr el objetivo de efectividad de la investigación y “tener en cuenta la complejidad de los hechos, la estructura en la cual se posicionan las personas involucradas, el contexto en el que ocurrieron y las líneas lógicas de la investigación formuladas, para alcanzar el resultado del esclarecimiento de la verdad”, señala el documento de priorización de casos.

Cada uno de los casos integra cientos de comparecientes y miles de víctimas que aportan al esclarecimiento de los hechos. Por ejemplo, en el caso de Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad cometidas por las Farc EP, han participado 257 comparecientes y 2.456 víctimas acreditadas, de las más de 21 mil que han podido ser identificadas. En este ya hubo imputación, se espera el pronunciamiento de las víctimas y el Estado, para citar audiencia de reconocimiento y posteriormente enviarlo al Tribunal para emitir la primera sentencia.

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