De oficinista a contratista con el Estado: la historia de la esposa del asesor político de María Paula Correa

¿Cómo pasar de ser la gerente de una oficina bancaria a estar detrás de más de una veintena de contratos con el Estado? Esa pregunta motivó la investigación en la que está envuelta la economista Karen Liseth Vaquiro, es esposa de Andrés Mauricio Mayorquín. Este último se desempeña como asesor político de María Paula Correa, jefe de Gabinete y una de las personas más poderosas del gobierno del presidente Iván Duque.

La relación —y el hilo que une cada uno esos nombres— quedó al descubierto por una investigación del periodista de Blu Radio Sebastián Nohra, que fue publicada este martes 11 de enero. Allí se reveló que la cónyuge de Mayorquín, en menos de 22 meses, ya ha estampado su firma en 24 contratos con el Estado. Las millonarias cifras detrás de estos acuerdos, así como las irregularidades en el proceso, son apenas un capítulo de la historia.

Después del presidente de la República, Iván Duque, la abogada María Paula Correa podría ser uno de las personas con mayor poder en el Gobierno Nacional. Considerada por fuentes oficiales como la ‘mano derecha’ del jefe de Estado, lo estuvo acompañando desde su campaña presidencial. Desde su asesora hasta la guía en la toma de decisiones, el trabajo desempeñado le ha permitido ir escalando al interior de la Casa de Nariño.

Correa se graduó de Derecho en la Universidad de los Andes en 2005 y, como bien lo ha manifestado en previas ocasiones, desde pequeña ha sentido un gran interés por la política. Su incursión en ese mundo comenzó, de hecho, cuando estaba en el colegio, apoyando la campaña presidencial de Andrés Pastrana, en 1998, y luego de Álvaro Uribe, en 2002. Cuenta, además, con una especialización en Gestión Pública e Instituciones Administrativas y un máster en Administración Pública de la Universidad de Columbia.

Empezó desempeñándose como secretaria privada; posteriormente asumió ese mismo rol en simultáneo con la Secretaría General; y, desde el 2019, está al mando como jefe de gabinete, un puesto que creó el gobierno Duque. Inicialmente tenía 20 responsabilidades, sin embargo, con la firma del Decreto 1185 de 2021, el mandatario le otorgó 32. Seguimientos en el Congreso, gestiones internaciones y encargarse de cinco Consejerías fueron algunas de sus nuevas tareas.

“Yo lo veo así: el Presidente es quien da las instrucciones; yo, como jefe de Gabinete, me encargo de hacer cumplir los requerimientos inmediatos”, dijo a finales de julio en una entrevista con el diario El Tiempo.

¿Realmente qué tanto poder tiene? Correa prefirió no ahondar sobre esa calificación, sino que enfatizó en sus compromisos en el Estado: “Soy una mujer que trabaja con toda la voluntad y el compromiso para que las cosas pasen, y que aporta, desde su cargo, para que el gobierno del presidente Duque cumpla sus compromisos, sus promesas de campaña. Esto no es un tema de poder. Mi objetivo es hacer que las cosas pasen”.

El Decreto 1185 representó un ‘gana gana’ en varios sectores. Además de estar pensado dentro del plan de austeridad del Gobierno, fueron eliminadas varias consejerías, como por ejemplo la de Asuntos Políticos y Legislativos. Allí se movía el abogado bogotano, Andrés Mauricio Mayorquín, quien se desempeñaba como asesor en dicho despacho.

Suprimida esta oficina en el gobierno, Mayorquín pasó a convertirse en el respaldo y soporte de Correa en las tareas del Congreso: examinar el rumbo de los proyectos de ley que son prioridad para el Estado y analizar el comportamiento de los mismos senadores y representantes a la Cámara. ¿La influencia desde la Casa de Nariño podría sacar mayores beneficios?

Karen Liseth Vaquiro, esposa de Mayorquín, se convirtió en contratista de más de quince entidades del Estado. Esto ocurrió desde enero del 2020, apenas tres meses después de que su cónyuge arribara a la Presidencia, según halló la investigación de Nohra en Blu Radio.

Lo curioso es que la mujer solo habría presentado una una experiencia laboral de 20 meses como gerente de oficina en el Banco de Bogotá, recibiendo un salario de $3.600.000, de acuerdo con las pesquisas del citado medio. A ello se le suman siete meses como parte de Link Consultores SAS, empresa de la que ella y su esposo son los representantes legales.

El más reciente de estos contratos fue firmado con la Aeronáutica Civil en noviembre de del año pasado por 10 millones de pesos. Sin embargo, la cifra de contratos firmados con el Estado asciende a 24, llegando a sumar un total de 1245 millones de pesos.

“Revisando el objeto de varios de sus contratos es evidente que las obligaciones e intereses laborales de la señora Vaquiro orbitan alrededor del Congreso en donde su esposo, el abogado Mayorquín, se mueve en representación del Gobierno”, sostuvo el comunicador en la publicación. A partir de allí surgen contratos con la Agencia Nacional de Tierras y la Gobernación de Cundinamarca, por ejemplo, para “brindar acompañamiento y seguimiento a los trámites legislativos del Congreso”, y que sean de interés para las mencionadas entidades.

Otro de los puntos sobre el cual se hizo énfasis fue en que Vaquiro no podía firmar dos de esos 24 contratos por inhabilidades e incompatibilidades. Estos tuvieron se desarrollaron con el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y, para ese entonces, Mayorquín trabajaba en dicha entidad.

De acuerdo con la Ley 80 de 1993, no hay posibilidad de licitar o celebrar un contrato con el Estado si se es cónyuge de un servidor público con niveles “directivo, asesor, ejecutivo, o de un miembro de la junta o consejo directivo, o de quien ejerza funciones de control interno o de control fiscal”.

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