En julio del año 2021, sobre las 10 de la noche, el CTI de la Fiscalía, bajo la orden de la Corte Suprema de Justicia, capturó al exgobernador de Santander, Richard Alonso Aguilar, luego de ser acusado, desde el mes de mayo, de cometer acciones irregulares sobre contratos suscritos entre el 2014 y el 2015. Edwin Ballesteros, entonces representante a la Cámara, resultó salpicado por esos mismos hechos delictivos, por lo que le fue abierto un proceso de investigación en junio. Testigos en el caso aseguran ser víctimas de amenazas por su colaboración con la justicia: el más reciente hostigamiento ocurrió el pasado diciembre.
“En su condición de gobernador de Santander, incurrió en la conducta punible de concierto para delinquir agravado en calidad de autor porque, conjuntamente, con otros servidores públicos y particulares, en un acto de corrupción administrativa, se concertaron en una empresa criminal con el fin de direccionar la contratación del ente territorial”, argumetó la Fiscalía. Según se calcula, se pagaron coimas más de 10 mil millones de pesos.
“Llama un hombre a mi teléfono y en repetidas ocasiones me pregunta que si yo deseo pasar Navidad con mi familia (...) tres veces me lo pregunta (...) al final me dice: ‘Porque si usted desea pasar Navidad con su familia, es mejor que deje de hacer lo que está haciendo’”, contó Claudia Yaneth Toledo, ante los micrófonos del noticiero del Canal Caracol, al referirse a la llamada que recibió el 6 de diciembre del 2021.
Toledo y su esposo, Lennin Darío Pardo, son testigos clave en la investigación que se adelanta en contra de ambos acusados. Claudia Yaneth fue secretaria de infraestructura de Santander, por lo que conoce todo de primera mano. Lennin Darío Pardo se desempeñaba como contratista.
Gracias a la información entregada por ambos, Aguilar terminó en la cárcel. La pareja de esposos le entregó a la autoridad una larga lista de documentos, chats, fotografías, videos, entre otras pruebas, que, definitivamente, inculpaban al exgobernador en delitos como contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, concierto para delinquir agravado y peculado por apropiación a favor propio y de terceros.
“Yo soy un corrupto, y estoy pagando por eso. Ellos han dicho y han tratado de defenderse y decir que no, pero ellos estaban en el sistema, eran las cabezas de un sistema de corrupción, entonces los que pertenecimos a ese sistema pues ¿Qué somos? Corruptos. Ellos son corruptos”, dijo Lennin Pardo, en la primera entrevista que otorgó a la televisión colombiana la pareja, para ese mismo medio de comunicación, al periodista Juan David Laverde, el mismo comunicador que ahora expone las amenazas de la que ambos testigos están siendo víctimas por sus denuncias.
De acuerdo con lo que dijo Toledo, la situación de hostigamientos en su contra, y en contra de su esposo, es ‘angustiante’ y ‘preocupante’. Según la pareja, se encuentran solos en el caso, no solo se encuentran bajo sentencia de detención domiciliaria, sino que además, dicen ellos, no cuentan con seguridad sufciente. Hicieron particular énfasis en relatar que ser testigo en Colombia es difícil, y más cuando se encuentran bajo la mirada poderosa de un entramado como el de la corrupción.
“Llevamos tres años en este proceso. Es agotante tanto física como emocionalmente: las presiones son muchísimas, las angustias son muchísimas, el tema de la seguridad no es de ahora, es un tema que viene desde hace rato. Ser testigo de por sí ya es difícil, sea lo que sea, ahora ser testigo en un proceso de estos es mucho más difícil”, recalcó Pardo en su diálogo con Laverde Palma. “Yo creo que es un amedrantamiento emocional, es un tema que quieren hacer para que nos callemos”, añadió Pardo.
A mediados del pasado mes de diciembre, la Corte Suprema de Justicia anunció que dejaba en firme la acusación que hizo la Fiscalía en contra de Aguilar. Esto se dio luego de que se explicara que la decisión del ente acusador podía ser declarada como nula porque, cuando se radicó el escrito de acusación en contra de Aguilar, no se realizó una nueva audiencia de imputación. La Sala Penal de la Corte, sin embargo, aclaró que esa no era razón para echar el proceso para atrás.
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