La entidad advirtió de una presunta pérdida de recursos públicos en Bolívar al descubrir que de 128 contratos de arrendamiento en los baldíos de las Islas del Rosario en Cartagena y el Archipiélago de San Bernardo, 68 contratos estén actualmente vencidos.
Además, reveló que 31 contratos presentan mora superior a 90 días y 9 de ellos no han pagado cánones de arriendo durante 5 años.
Lo anterior a raíz de una actuación de fiscalización de estos contratos con corte al 31 de diciembre de 2020 que realizó la Contraloría General sobre las islas. Además, señaló que la Agencia Nacional de Tierras no cuenta con competencias para cobrar las deudas vencidas.
“Llama la atención que, pese a no cumplir lo dispuesto en la normatividad vigente, los contratos no han sido dados por terminados por parte de la Agencia Nacional de Tierras”, indicó la Contraloría en un comunicado, a lo cual agregó que “Situación que conllevaría prácticamente a la pérdida de todos los recursos públicos que adeudan los arrendatarios de Islas del Rosario y San Bernardo”.
Dentro de los descubrimientos realizados hay 27 predios en las islas que están invadidos sin contrato alguno, lo que incrementaría las pérdidas que fueron objeto de fiscalización por parte de la Contraloría.
El presunto detrimento patrimonial por estos contratos se ubica en $5.134 millones. A esta cifra hay que agregar los $737 millones por no iniciar procesos ejecutivos de cobro y $4.013 millones por no iniciar procesos administrativos o jurídicos para recuperar el dinero así como $383 millones por cobro de cánones de arriendo a precios inferiores.
Los hallazgos fiscales establecidos por la Contraloría con respecto a los baldíos de las Islas del Rosario, en Bolívar, hace parte de las investigaciones ejecutadas por la entidad para determinar impactos de la corrupción en los recursos públicos del país.
En ese sentido, cabe resaltar que la entidad recuperó 19.240 millones de pesos a través de un fallo de responsabilidad fiscal a finales de diciembre.
Como lo reportó Infobae Colombia, la Contraloría señaló como fiscalmente responsable, a título de culpa grave, a THX Energy Sucursal Colombia como consecuencia de irregularidades presentadas en la Agencia Nacional de Hidrocarburos en el contrato No. 069 de 2013, suscrito entre la Financiera de Desarrollo Territorial Nacional S.A. y THX Energy Sucursal Colombia, actualmente liquidada.
El ente de control encontró que existió el pago de obras que no fueron ejecutadas, y el anticipo no amortizado por el contratista. A su vez, determinó que la compañía de seguros debía responder en calidad de tercero civilmente responsable por el daño, hasta el monto del valor asegurado y no afectado.
A raíz de esta situación, la compañía de seguros Aseguradora Confianza S.A. pagó el total de la obligación, es decir, más de 19.240 millones de pesos.
Por lo anterior, la Contraloría delegada para Responsabilidad Fiscal, Intervención Judicial y Cobro Coactivo de la Contraloría General de la República, a través de la Dirección de Cobro Coactivo y mediante Auto del 10 de diciembre de 2021, decretó la terminación y archivo del proceso fiscal de cobro coactivo que se adelantaba por daño patrimonial causado a la Agencia Nacional De Hidrocarburos (ANH).
“Una vez más, la Contraloría General de la República, como consecuencia de las decisiones adoptadas en procesos de responsabilidad fiscal, logra en tiempo récord, la recuperación de significativos recursos públicos derivados del daño patrimonial causado a entidades del Estado”, indicó el ente de control en comunicado enviado a la opinión pública.
En contexto | Contraloría recuperó 19.240 millones de pesos a través de un fallo de responsabilidad fiscal - Infobae
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