La Defensoría del Pueblo de Colombia hizo un llamado este jueves al sector educativo en el país para que se cumplan los protocolos de bioseguridad luego de que los ministerios de Educación y de Salud anunciaran el retorno a la presencialidad en colegios y universidades de todo el territorio nacional durante 2022.
A través de la Resolución Defensorial 477 de 2021, la entidad emitió unas recomendaciones frente a las garantías de los derechos a la educación y salud por medio de la implementación del ‘Protocolo de bioseguridad para el manejo y control del riesgo del covid-19 en las instituciones educativas y las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano’.
“Es inconcebible que casi dos años después de la pandemia cerca de 2,2 millones de estudiantes no hayan regresado a las aulas de clase. El bienestar de los niños, niñas y adolescentes es un deber de las familias, la comunidad educativa, en especial los directivos docentes, así como de las gobernaciones, alcaldías y secretarías de educación y debe convertirse en una prioridad, lo que hace necesario adoptar medidas urgentes y decisivas para recuperar el aprendizaje perdido y asegurar el regreso a clases presenciales”, indicó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo.
A su vez, la entidad indicó que con corte al 29 de octubre de 2021 existía un registro de 31 secretarías de educación en todo el país que evidenciaban un avance de entre el 40 y el 70 % de estudiantes en la presencialidad, y tan solo las secretarías de Santa Marta y Barrancabermeja registraron un avance inferior al 40 %.
Por tal razón, instó a las secretarías de educación, autoridades departamentales, municipales y a los docentes a que cumplan con los protocolos de bioseguridad y a los actos administrativos establecidos en la Resolución 2157 de 2021 del Ministerio de Salud, para que de esta manera se garantice el mejor aprendizaje de los menores de edad en el país y puedan tener un retorno seguro a las aulas.
“La pandemia ha generado impacto en la protección y cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes como un asunto asociado al cierre de centros educativos. A esto se suma la dificultad de algunos padres y madres para brindar cuidado y acompañamiento durante las clases virtuales, el acceso limitado a internet y los inconvenientes para usar las herramientas tecnológicas, que han repercutido en la deserción educativa. Según el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), para el 2020 se estimó la deserción total en 2,7 %”, señaló la Defensoría.
A su vez, señaló que es fundamental que el Ministerio de Educación evalúe y mida los niveles de aprendizaje y recupere las falencias que causó la virtualidad, al tiempo que consideró necesario que se contemple la realidad actual para trabajar en el diseño de políticas de recuperación o de aceleración adecuadas en todo el territorio nacional.
Por otra parte, indicó que según la Unesco en el país se registran 77 semanas de cierre de los colegios, lo que ha afectado el derecho a la educación de millones de menores de edad, a la vez que se ha visto un incremento en la violencia contra la niñez y adolescencia.
Lo anterior se ver reflejado en las cifras reportadas a octubre de 2021, 4.685 casos de violencia intrafamiliar, 3.847 casos de violencia interpersonal, 227 suicidios y 14.690 exámenes médicos legales por presunto delito sexual en niños, niñas y adolescentes.
“La presencia de grupos armados al margen de la ley en zonas rurales y urbanas expone a los niños, niñas y adolescentes a ser reclutados, usados y utilizados en el conflicto armado. Entre 2020 y 2021, la Defensoría emitió 70 alertas tempranas en las cuales se identificó el riesgo de reclutamiento, uso y utilización, especialmente en Cundinamarca, Amazonas, Putumayo, Antioquia y Valle del Cauca”, concluyó la Defensoría.
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