Fiscalía asegura que se ha aclarado el 68% de los asesinatos cometidos el año pasado contra los lideres sociales

La Unidad Especial de Investigación (UEI) de la Fiscalía, dice que para 2021 logró esclarecer al menos el 68,35% de los homicidios de líderes sociales reconocidos por la Organización de Naciones Unidas ONU. Además el ente investigador comunicó que en 285 de los 417 casos de líderes sociales asesinados hasta 2021 hubo capturas, imputaciones, llamados a juicio o condenas. Eso lleva a que la Fiscalía mencioné que ha generado un esclarecimiento de casi tres cuartas partes de los procesos. Un aumento de efectividad del 16 puntos porcentuales a comparación al 52 por ciento de febrero del 2020, mencionó el director Hernando Toro.

En el informe se resalta que 284 hechos corresponden a asesinatos, 47 a tentativas de homicidio y 21 casos a desapariciones forzadas de reincorporados de la desmovilizada guerrilla de las FARC. Sobre los familiares de los excombatientes el informe registra 56 casos de homicidio, 5 de tentativa y 1 de desaparición forzada.

La UEI identificó el 94,70% de las afectaciones a civiles, reincorporados y sus familiares, integrantes de las fuerzas armadas, funcionarios y líderes sociales. Todo esto gracias a una estrategia ejecutada conjuntamente en las zonas de Putumayo, Bajo Cauca, Norte de Santander, Antioquia, Huila, Casanare, Meta, Tumaco, Riosucio, Caquetá y el Sur de Bolívar.

Dentro del comunicado se nombran las estructuras criminales son los mayores responsables de las agresiones y violencia generada a los defensores de derechos, líderes, reincorporados y sus núcleos familiares. Entre los grupos que advierten las investigaciones están las disidencias de las FARC, El Clan del Golfo, ELN y otras estructuras delictivas a las cuales se le han judicializado 25 de sus integrantes el año anterior. El informe generado por parte de la Fiscalía aportó pruebas que permitieron que se emitieran un total de 46 condenas a los responsables de los crímenes cometidos.

“Estos logros son posibles gracias al trabajo articulado al interior de la entidad, así como la puesta en marcha de 13 proyectos investigativos Putumayo, Antioquia, Bajo Cauca y Sur de Córdoba, Norte de Cauca, Norte de Santander, Huila, Meta, Casanare, Riosucio (Chocó), Arauca, Caquetá, Sur de Bolívar y Tumaco (Nariño)”, señaló el director de la UEI, Hernando Toro Parra.

“En estos proyectos, creados para investigar hechos posiblemente relacionados por temporalidad, ubicación y el mismo responsable, se conocieron 585 afectaciones a: civiles (322), reincorporados y familiares (147), defensores de DD.HH. (92), integrantes de las Fuerzas Armadas (20) y funcionarios (4)” añadió el ente investigador.

Panorama para los líderes sociales

El país ha tenido constantes problemas para garantizar la vida e integridad de los defensores de los derechos humanos, ya sean ambientales, políticos, sociales o de género; inclusive el territorio nacional ha sido varias veces señalado en estudios internacionales como un lugar poco seguro para ejercer el activismo. Por eso es un reto para las entidades encargadas de la seguridad hacerse cargo del cuidado de la vida de los diferentes activistas del territorio y más cuando ellos son escépticos a los cuidados del mismo estado, tal como lo mencionó la activista social y ahora pre candidata presidencial, Francia Márquez en una entrevista realizada el año pasado.

“Colombia tiene el récord mundial de asesinatos a líderes ambientales. Nos enfrentamos a un Estado mezquino dirigido por personas que no quieren ceder en sus privilegios, a un país que condena y extermina a quien piensa diferente. Eso es lo que ha hecho que muchos territorios, a pesar del fin del conflicto, sigan bañados en sangre y que haya pueblos convertidos en fosas comunes. Es un país con profundas cicatrices que solo puede sanar si le da espacio a las mujeres, a los jóvenes, a las comunidades que creemos en la paz”, dijo Márquez.

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