Tras días críticos para los pobladores de Fortul, Saravena, Tame y Arauquita, municipios de Arauca, y Cubará, en Boyacá, por el recrudecimiento de la violencia consecuencia de la lucha territorial entre estructuras armadas ilegales y el abandono estatal, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer los primeros resultados de las investigaciones que ha estado adelantando.
El ente investigador informó que hallaron 27 cuerpos en las zonas rurales de las poblaciones en mención y que las víctimas fueron obligadas por grupos armados a salir de sus casas para luego ser asesinadas, algunas de ellas en Venezuela, donde el Gobierno colombiano ha señalado que delinquen tanto disidentes de las Farc como miembros del Eln. Aclaró, además, que si bien a algunos ciudadanos se les despojó de la vida en el vecino del país, fueron trasladados muertos al territorio nacional.
“Los 27 cuerpos se encuentran en la sede del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. En este momento, se realizan las necrópsicas con la mayor celeridad. Hasta el momento han sido identificadas 20 personas. Dos son mujeres, otras dos menores de edad y cuatro ciudadanos venezolanos”, comunicó el fiscal Francisco Barbosa.
La Fiscalía también precisó que las inspecciones preliminares dan cuenta de que las víctimas recibieron disparos a corta distancia, es decir, que los asesinatos fueron perpetrados mediante la modalidad de sicariato, descartando que hubieran caído en combate.
De los 27 asesinados, cuatro de los identificados estarían vinculados a investigaciones como presuntos integrantes de las disidencias del frente décimo de las Farc, según el jefe del ente investigador, mientras que otros cuatro figuran como indiciados en las bases de datos institucionales.
Los crímenes al parecer fueron ejecutados por el Frente Oriental de Guerra del Eln, si bien, por línea jerárquica y organizativa, se cree que esta acción tuvo que ser autorizada y dirigida por el Comando Central (COCE). El análisis de contexto realizado en la región y el material de prueba obtenido por la Fiscalía evidencian que los responsables de estos homicidios son las estructuras armadas de esa guerrilla que delinquen en Arauca, Boyacá y Casanare.
“Ante esta situación, que afecta la tranquilidad y la seguridad de la ciudadanía de Arauca y la zona de frontera, dispuse la conformación de un grupo de tareas especiales que contará con fiscales especializados de la Delegada para la Seguridad Ciudadana, la Delegada contra la Criminalidad Organizada y la Unidad Especial de Investigación, y tendrá el apoyo técnico e investigativo del CTI y la Policía Nacional”, agregó Barbosa.
Por su parte, el ministro de Defensa, Diego Molano, dio a conocer que ocho de los asesinados tenían antecedentes judiciales por distintos delitos como: fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria, lesiones personales, injuria por vías de hecho, rebelión, secuestro extorsivo, homicidio, receptación, fuga de presos y toma de rehenes. Informó, además, que dos de las víctimas eran menores de edad, una de nacionalidad venezolana, de sexo masculino, y la otra, de nacionalidad colombiana, de sexo femenino.
Ante las masacres, la Procuraduría General de la Nación solicitó al gobernador encargado del departamento, Alejandro Miguel Navas, a los alcaldes de Arauquita, Etelivar Torres; Fortul, Javier Alonso Cabrera; Tame, Aníbal Mendoza; y Saravena, Wilfredo Gómez, rendir informe sobre el plan de seguridad estipulado para salvaguardar la vida de los habitantes en la región.
Por el momento, 625 uniformados del Ejército Nacional fueron desplegados para brindar seguridad a la población civil en Arauca.
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