Sigue la polémica en torno a la reforma del Código Disciplinario de la Procuraduría que aprobó el Congreso en 2021 pero que recientemente la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) cuestionó porque según el tribunal no hizo los cambios señalados por su sentencia dentro del caso de Gustavo Petro.
En las últimas horas se conoció que el presidente del Senado, Juan Diego Gómez, y de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, enviaron una carta a Elizabeth Odio Benito, presidenta de la Corte IDH, indicando que el Estado colombiano “siempre se ha esforzado por respetar los derechos humanos y los instrumentos internacionales”.
Esa misiva la enviaron en representación del Congreso en la que también argumentan que la corte internacional en su resolución de seguimiento, de alguna manera intenta repercutir en el poder soberano que tiene todo Estado de crear sus propias leyes, o de diseñar sus instituciones en los términos que lo designen sus representantes.
La oposición y hasta el mismo Gustavo Petro, quien propició la sentencia que ordenó a la Procuraduría una reforma para que no pudiera destituir a mandatarios de elección popular, levantaron su voz de protesta por esa misiva, que además se envió sin el consenso de las mayorías del Congreso.
Uno de los firmante de la carta, el presidente del Senado, reafirmó el poder que tiene el poder legislativo y a través de un trino aseguró que nadie puede poner en tela de juicio las leyes aprobadas por esas cámaras.
“Muy a pesar de algunos opinadores de izquierda y congresistas de oposición, el congreso es una rama autónoma de poder público, legitimada en su representación popular y nadie puede poner en tela de juicio las leyes aprobadas en sus trámites y su rigor legislativo”, fueron las palabras del político conservador.
El Congreso recordó a los miembros de la Corte IDH que actualmente se encuentra en curso una demanda ante la Corte Constitucional contra esa ley que reformó el Código Disciplinario de la Procuraduría, razón por la cual solicitaron que no se emitan pronunciamientos antes de que dicha acción judicial sea resuelta.
Una situación que contradice al mismo presidente del Senado, que habló de que nadie puede poner en tela de juicio las leyes aprobadas cuando la Corte Constitucional tiene la obligación de hacerlo cuando estas afectan la Constitución.
Sobre el tema, Petro señaló: “La carta del presidente del senado y de la cámara de representantes a la Corte Interamericana es una confesión. No se trata de opinar sobre una sentencia, el Congreso estaba obligado a cumplirla porque es una sentencia judicial de máximo nivel en el país”.
El líder político explicó que lo que hizo la procuradora Margarita Cabello y el Congreso fue otorgar facultades judiciales a un órgano administrativo. “Eso es propio de las dictaduras, burla la independencia del poder judicial. La Corte ordenó lo contrario: solo puede quitar derechos políticos a la ciudadanía un juez penal”, sostuvo.
Agregó que los congresistas que votaron la ley que modificó el Código Disciplinario y la procuradora desacataron la justicia y desobedecieron la sentencia que buscaba democracia y respeto a los derechos humanos. “El presidente del Congreso como la Procuradora deberían ser investigados por la Justicia”, dijo.
“Fui claro en la comisión primera y en la plenario del senado, como víctima de Ordoñez y como sujeto de la sentencia de la Corte, en decirle al Congreso y al país que se desacataba la justicia con el voto de los congresistas a favor de una facultad dictatorial a la procuradora”: Gustavo Petro.
Petro aseguró que no fue tenido en cuenta y que hubo una burla de las mayorías del Congreso, no solo a él sino a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es máxima instancia judicial en lo que tiene que ver con la Convención Americana.
SEGUIR LEYENDO: