ExFarc contradicen a Emilio Archila por decir que el Acuerdo Final de Paz no debería implementarse tal como se firmó

Una entrevista del consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, generó malestar entre la comisión de seguimiento del Acuerdo Final de Paz por parte de excombatientes de las Farc, por señalar que lo pactado en La Habana no debería implementarse tal como se firmó.

Lo dijo el funcionario al diario El Espectador cuando este le cuestionó por qué siempre habla de la política de Paz con Legalidad, pero no del Acuerdo de Paz que se firmó en La Habana.

A lo anterior respondió que el gobierno de Iván Duque expidió un documento que se llama política de Paz con Legalidad y ese fue el compromiso que asumieron sobre la implementación en los cuatro años. “Nunca ha tenido el alcance que se pretende darle, de que contrasta o reemplaza (al Acuerdo de Paz). Quienes piensan que los acuerdos se deben aplicar tal como fueron firmados en La Habana están equivocados, eso no fue lo que dijo la Corte”, señaló.

Una declaración que fue rápidamente cuestionada por la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación, una instancia creada por las desmovilizadas Farc.

En un comunicado, dicha comisión cuestionó a Archila y le recordó que la sentencia de la Corte Constitucional implica la seguridad jurídica del Acuerdo Final de Paz y la obligatoriedad en el cumplimiento por parte del Estado colombiano frente a su implementación tal y como quedó pactado entre las partes.

“La alteración y/o simulación de la implementación del Acuerdo Final es violatorio a este mismo”, sostuvo la comisión.

También, que la Jurisdicción Agraria que fue hundida por el Congreso de la República, “obedeció a una estrategia política por parte del Gobierno nacional en tanto a sus alianzas con los sectores oficialistas de la Rama Legislativa. La Jurisdicción Agraria sigue siendo una enorme cuenta pendiente en la implementación del Acuerdo Final”, señaló.

Por el lado del desmonte de las estructuras criminales sucesoras del paramilitarismo, aseguraron que se ha venido adelantando de forma torpedeada y lenta, lo que ha causado la prolongación de la violencia política frente a los y las firmantes de paz en diversas regiones del país.

También cuestionaron el Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), por ser uno de los puntos con menores avances en la implementación del Acuerdo Final con un porcentaje de tan solo 15 % de cumplimiento frente a las cerca de 100.000 familias inscritas en el programa.

“Consideramos de suma gravedad que desde el gobierno se haga referencia a diferencias de ´interpretación’ cuando realmente se ha evidenciado un importante retroceso en términos de cumplimiento frente al PNIS y frente a la adjudicación de tierras a nivel nacional, como ha sido referenciado según el último informe del Secretario General de las Naciones Unidas en el cual se estipula que hasta el momento solo se han entregado 300.000 mil de las tres millones de hectáreas destinadas al Fondo Nacional de Tierras”, argumentó la comisión.

Los excombatientes aseguraron que el Acuerdo Final de Paz, tal como se firmó entre las partes, es una robusta hoja de ruta para la solución de los problemas estructurales que aquejan al país en términos agrarios, políticos, participativos, comunitarios y de cierre de conflicto.

“La implementación integral en espíritu de lo acordado es el camino a seguir para la construcción de la paz en Colombia. Es en este sentido que se reafirma el compromiso por parte de todos y todas las firmantes de paz para la consolidación e implementación integral de un Acuerdo de Paz que beneficia al conjunto de la población colombiana, especialmente a las comunidades más afectadas por el conflicto armado”, puntualizaron.

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