Esposa de “Jorge 40″ beneficiada con millonario contrato de la Unidad de Víctimas

La oficina de la Unidad de Víctimas, ubicada en la Calle 16B #12 – 96, de Valledupar, cumple funciones de atención a quienes hayan sufrido el conflicto armado en Cesar y La Guajira desde 2019.

Sin embargo, líderes de colectivos sociales señalan que la entidad no ha prestado atención a un detalle que contradice el espíritu de reparación presente en los Acuerdos de Paz: la dueña del inmueble es la señora Ana Carolina Vélez, esposa del exparamilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias “Jorge 40″.

El contrato de arrendamiento indica que la entidad suscribió con el Grupo Majusa, representado por Juan Andrés Chaín, quien, de acuerdo con la versión entregada por el diario El Espectador, funge como administrador del inmueble de propiedad de San Martín Ltda, edificio representado legalmente por Ana Carolina Vélez.

Los hechos salieron a la luz por Luis Fernando Lara, víctima y a su vez vocero de la Corporación Constructores de Paz y Desarrollo Sostenible, quien aseguró al medio bogotano que esta situación es un “total atropello”:

“Yo represento a la Corporación Constructores de Paz y Desarrollo Sostenible. Queremos que la sede de la Unidad de Víctimas no esté más allá. Hay muchísimas víctimas que no estamos de acuerdo con que la oficina que está para la atención nuestra quede ubicada en un inmueble que es de propiedad de la exesposa del paramilitar. Creemos que atenta contra nuestra dignidad. Además de que somos víctimas tenemos que ir a la casa de un victimario a reclamar nuestros derechos”, explicó Lara al diario El Espectador.

Lara, quien a su vez es candidato a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, señaló que esto es una inconsistencia en el proceso que sostiene la Unidad de Víctimas con los colectivos sociales y sugirió que dicha situación podría deberse a que el hijo del exjefe paramilitar trabaja en la oficina de víctimas del Ministerio del Interior.

La respuesta de la Unidad de Víctimas

Para Vladimir Martin, jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Unidad de Víctimas el inmueble objeto del contrato de arrendamiento es de una persona jurídica: “El contrato fue suscrito mediante un poder, un contrato que suscribió una sociedad limitada, no Ana Carolina Vélez”, recalcó en declaraciones al portal informativo Publimetro.

Además señaló que “El Gobierno Nacional ha hecho un esfuerzo inmenso. Ha sido el que más recursos ha destinado (a las víctimas)”, tras lo cual añadió que “queremos renovar nuestro esfuerzo para seguir trabajando en esa línea de reparar a las víctimas”.

El funcionario puntualizó que la elección del inmueble se realizó tras un estudio de mercadeo en el que se cumplieron la totalidad de las condiciones para que la sede de la Unidad de Víctimas en Valledupar funcionara en plenitud de condiciones.

En conclusión acotó que “los contratos fueron suscritos de acuerdo al marco normativo y hay un criterio de transparencia, pueden ser consultados por la ciudadanía”.

Cabe resaltar que el valor inicial del contrato de arrendamiento tiene un canon de $236 millones, valor en el que se encuentran incluidos el arrendamiento mensual y la administración, y su ejecución estaba pactada hasta el 31 de mayo de 2021.

Sin embargo, el denunciante Luis Fernando Lara indicó que la Unidad continúa prestando servicios desde dicho lugar.

“Básicamente, las víctimas vamos a ver cómo están los procesos para la indemnización, también para ayuda humanitaria. Esos son los servicios que más requerimos. Haremos un plantón frente a la oficina de la Unidad, con el objetivo de que el contrato no vaya más. Lo están prorrogando, pero lo ideal es que ese contrato no siga funcionando. Es prácticamente la casa de “Jorge 40″. Esperamos que la Unidad para las Víctimas busque otro lugar para la atención”, agregó Lara en su denuncia a El Espectador.

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