Alcaldía de Bogotá planea no hacer cambios en la seguridad de los Portales Américas y Suba

La seguridad continúa como la principal preocupación de los bogotanos debido al aumento en varios delitos que se han presentado en los últimos años. Tres de ellos mantuvieron el incremento durante el 2021: homicidios, hurto a bicicletas y hurto a motocicletas, los cuales la Alcaldía tiene la meta de impactar durante el 2022.

Así mismo, las autoridades nacionales han manifestado interés en participar en las soluciones a los focos de manifestación y vandalismo que se presentan en los portales de Transmilenio de las Américas, Suba y Usme, debido a que cada 28 del mes ocurren desmanes como conmemoración del paro nacional que inició en el mes de abril.

En ese sentido, desde el Ministerio de Defensa se había asegurado que habría militarización cada 28 del mes con miembros del Ejército Nacional. Pero la alcaldesa no confirmó esa información. Según dijo, se mantendrá el plan de intervención que se ha venido manejando desde el mes de agosto del año pasado, con el fortalecimiento de la articulación con la Fiscalía y las nuevas herramientas de la ley de Seguridad Ciudadana.

“Estas zonas: Bosa, Kennedy, Ciudad Bolívar, Usme, Usaquén, Mártires y Suba tienen bandas criminales, hurtos violentos, factores de vandalismo y en esas zonas hay un plan de intervención focalizado que va a continuar. Mayor presencia policial, eso no es que se va a hacer, viene desde agosto. La policía tiene un plan de prevención, contención y si es necesario de judicialización. No solamente en los portales, es en las zonas, los barrios, es con las juntas de acción comunal”, señaló la alcaldesa López.

“El plan de convivencia y seguridad de Bogotá lo hace la Alcaldía y la Policía metropolitana y es el único plan de seguridad en Bogotá”, reiteró la mandataria.

El secretario de Seguridad, Aníbal Fernández de Soto, agregó que solo en el portal Américas se han capturado más de 100 personas desde el mes de agosto, por órdenes judiciales de concierto para delinquir, terrorismo, vandalismo, violencia contra servidor público, afectación de bienes públicos, entre otros.

El secretario indicó que se hará una aceleración de los procesos con la Fiscalía para individualizar a las personas, acelerar las investigaciones y capturas correspondientes para desarticular los grupos y capturar a los que estén apoyando o auspiciando los actos de vandalismo.

El mayor general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, aseguró que el Ministerio de Defensa ordenó acompañamiento y articulación, que se estableció en planes de disuasión y control en conjunto con la Secretaría de Seguridad distrital.

“Vamos a trabajar con el fin de que esto no se repita y no se vuelva un círculo vicioso”, afirmó el general Camacho. “Seguiremos manteniendo nuestras reacciones con nuestros Escuadrón Móvil Antidisturbios para evitar desmanes y violaciones a la ley penal. Principalmente lo que vamos a hacer es acompañar al ciudadano en el restablecimiento de derechos. En ningún momento vamos a afectar manifestación pública, sino vamos es a cumplir como nos manda la ley las solicitudes de los ciudadanos”, señaló el comandante de la MEBOG.

Agregó que habrá un cronograma de actividades de prevención y disuasión articulados con la Secretaría de Seguridad con más de 100 policías de manera permanente inicialmente en el portal de las Américas, pero también se contempla para Suba y Usme.

La alcaldesa de Bogotá Claudia López presentó este 5 de enero el plan de seguridad que se implementará para el próximo año, que se basa en las acciones que mostraron efectividad desde el plan de intervención especial que inició en agosto de 2021.

Es así que se mantendrá, según dijo la mandataria capitalina, la reactivación de los llamados “frentes de seguridad ciudadana”, redes de cuidado con vecinos y comerciantes. Sin embargo, el plan se basa en el aumento de pie de fuerza con la entrega de 1.500 policías más el próximo año, así como mantener los 3.300 que fueron asignados a Bogotá en el 2021.

“De enero a julio la situación se empeoró, fue a partir de agosto que empezaron a llegar nuevos policías y diciembre cerró extraordinariamente. Haber reactivado los frentes de seguridad sin duda funcionó y lo vamos a seguir haciendo. Logramos activar y asegurarnos que estuvieran conectadas 6.335 cámaras. Vamos a adicionar 700 cámaras más porque sin duda es muy útil”, sostuvo la alcaldesa López.

Durante el último año aumentaron tres delitos que han sido permanentes en la incidencia de inseguridad en la ciudad. El más preocupante es el homicidio, considerado de alto impacto, que aumentó 7,1 % en lo corrido del año, pero se redujo 33% solo en el mes de diciembre. Así las cosas, 1.121 personas fueron asesinadas en Bogotá durante el año pasado.

También mostró aumento el hurto a bicicletas en un 2.4 % en el consolidado, debido a unas cifras disparadas al inicio del año, pero que mostró reducción a partir del mes de mayo. Así mismo, el tercer delito con aumento fue el hurto a motocicletas que incrementó en un 11.4 %.

El plan de la Alcaldía para 2022 es que se reduzcan todos los delitos. “Vamos a lograr que el homicidio baje 15%, el hurto a personas 10%, lesiones 5 % y delitos sexuales bajen 7%, violencia intrafamiliar 5%, bicicletas 8% y como ustedes ven nos estamos poniendo una meta dura. Pero creemos que con los compromisos que tenemos con la Policía, Fiscalía lo vamos a lograr”, sostuvo la alcaldesa López.

La mandataria espera que el aumento de penas de la ley de seguridad ciudadana permita impactar la inseguridad de Bogotá. El hurto simple de menor cuantía pasó a máximo 4 salarios mínimos, y subió la prisión de 32 a 48 meses.

También sucedió en el hurto de más de 4 salarios mínimos que ya no excarcelable y cualquier delincuente que cometa ese delito será enviado a la cárcel, según dijo la alcaldesa, de manera automática y ya no será de capacidad potestativa del fiscal solicitarlo.

Los delincuentes que intimiden a un ciudadano con cualquier tipo de arma serán enviados a prisión y la pena mínima es de 48 meses y no es excarcelable. Con esto se espera que se solucionen las peticiones de judicialización que había elevado la mandataria desde el 2020.

“Los bienes públicos, las estaciones de policía, los CAI, las estaciones y buses de Transmilenio, antes pasaba que alguien la vandalizaba, la destruía o la quemaba y eso no tenía una pena mínima para prisión domiciliaria. Ahora sí, cualquier afectación y destrucción a un bien público como las instalaciones de seguridad, le aumentaron la pena de 48 meses a 144 meses por lo cual no es excarcelable. Entonces esto no es deporte, no es que alguien se exalta y decide que va y destruye y quema un bus o una estación de policía, el que se exalte tanto que sepa que está cometiendo un delito y va a terminar en la cárcel”, afirmó la alcaldesa.

La alcaldesa considera que se mantiene un vacío en algunas contravenciones que no son penales y considera especiales, que requieren sanciones más leves. En ese sentido, aseguró que buscará insistir en un nuevo proyecto de ley que contemple centros especializados no carcelarios de resocialización y segundas oportunidades, donde se pueda retener a las personas máximo seis meses y ofrecerle programas sociales y económicos que permitan evitar que reincida en delitos menores.

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