El pasado 31 de diciembre de 2021, el presidente del Senado, Juan Diego Gómez, y de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, enviaron una carta a Elizabeth Odio Benito, presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), indicando que el Estado colombiano “siempre se ha esforzado por respetar los derechos humanos y los instrumentos internacionales”.
Esta misiva se conoció en medio de la polémica por la reforma al Código Disciplinario de la Procuraduría, que supuestamente implementó los cambios ordenados por ese alto tribunal internacional dentro del caso de Gustavo Petro.
Precisamente, el senador y precandidato presidencial reaccionó a la carta que enviaron desde el Congreso, en la que también hablan de una repercusión en la soberanía colombiana.
“La carta del presidente del senado y de la cámara de representantes a la Corte Interamericana es una confesión. No se trata de opinar sobre una sentencia, el Congreso estaba obligado a cumplirla porque es una sentencia judicial de máximo nivel en el país”, señaló Petro.
El líder político explicó que lo que hizo la procuradora Margarita Cabello y el Congreso fue otorgar facultades judiciales a un órgano administrativo. “Eso es propio de las dictaduras, burla la independencia del poder judicial. La Corte ordenó lo contrario: solo puede quitar derechos políticos a la ciudadanía un juez penal”, sostuvo.
Agregó que los congresistas que votaron la ley que modificó el Código Disciplinario y la procuradora desacataron la justicia y desobedecieron la sentencia que buscaba democracia y respeto a los derechos humanos. “El presidente del Congreso como la Procuradora deberían ser investigados por la Justicia”, dijo.
“Fui claro en la comisión primera y en la plenario del senado, como víctima de Ordoñez y como sujeto de la sentencia de la Corte, en decirle al Congreso y al país que se desacataba la justicia con el voto de los congresistas a favor de una facultad dictatorial a la procuradora”: Gustavo Petro.
Petro aseguró que no fue tenido en cuenta y que hubo una burla de las mayorías del Congreso, no solo a él sino a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es máxima instancia judicial en lo que tiene que ver con la Convención Americana.
La polémica carta
En la carta los presidentes del Congreso justificaron los cambios a la Procuraduría. “La ley creó dentro del procedimiento disciplinario tres salas disciplinarias, encargadas de conocer, según sus competencias, de la etapa de instrucción y juzgamiento. También establece reglas para la designación de sus integrantes e introduce varias reformas para regular el procedimiento disciplinario y que este cumpla con las garantías del debido proceso, en armonía con la Convención Americana de Derechos Humanos”.
Tanto el presidente del Senado como de la Cámara rechazaron lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a que las sanciones contra los dirigentes elegidos de manera popular solo pueden estar en manos de los jueces penales.
“El pronunciamiento de la Corte, en su resolución de seguimiento, de alguna manera intenta repercutir en el poder soberano que tiene todo Estado de crear sus propias leyes, o de diseñar sus instituciones en los términos que lo designen sus representantes electos”, reclamaron ambos políticos.
En ese sentido, el Congreso recordó a los miembros de este órgano internacional que actualmente se encuentra en curso una demanda ante la Corte Constitucional contra la ley que reformó el Código Disciplinario de la Procuraduría, razón por la cual solicitaron que no se emitan pronunciamientos antes de que dicha acción judicial sea resuelta.
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