No paran los problemas para el alcalde de Medellín, Daniel Quintero. La Procuraduría General de la Nación informó, este 4 de enero, que abrirá una indagación preliminar en su contra por supuestamente no publicar su declaración de renta para el periodo 2019 – 2020. El caso será llevado por la oficina delegada para la vigilancia administrativa, que verificará si el mandatario antioqueño incurrió o no en una falta.
“Si actuó al amparo de una causal de exclusión de la responsabilidad, presuntas irregularidades relacionadas con el incumplimiento al deber contemplado en el artículo 3° de la Ley 2013 de 2019, relacionado al reporte de las declaraciones de bienes y rentas de las vigencias 2019 y 2020″, dice la notificación de la Procuraduría.
El siguiente paso en esta investigación será revisar todos los documentos que certifiquen el salario devengado por Quintero, su cargo y funciones, así como “copia de los actos de elección y posesión”. Esta información fue solicitada a la oficina Jurídica de la Alcaldía de Medellín, que tiene un plazo máximo de 10 días hábiles para entregar los certificados.
Así mismo, la Procuraduría revisará la plataforma Consulta Ciudadana - Declaraciones Ley 2013 de 2019 del Departamento Administrativo de la Función Pública, sistema en el que debería estar alojada la declaración.
Lo que llama la atención de esta investigación es que el mandatario hizo pública su declaración de renta en redes sociales, pero al parecer en los sistemas de la Procuraduría no está la documentación. En esa oportunidad, Quintero señaló que en su declaración resaltaba el pago por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) de la reposición de votos de las elecciones de 2019.
“En el marco de la transparencia publico mi declaración de renta para el año 2020. Como novedad más relevante se encuentra el pago por parte del CNE de la reposición de votos de las elecciones del año 2019″, escribió Quintero.
Simultáneo a este proceso que ahora inicia, Quintero también está llevando otro relacionado a su posible revocatoria. Justo este 3 de enero, el alcalde apeló oficialmente ante la Registraduría Nacional el aval que le fue entregado al comité que promueve su expulsión del cargo. Esto significa que la entidad tiene diez días para decidir si mantiene la decisión de avalar o no las firmas recogidas.
Fue el pasado 31 de diciembre cuando el mandatario local aseguró que se había cometido fraude en medio del proceso de recolecta, pues, según él, se había suplantado la identidad de algunos ciudadanos. El alcalde hizo la advertencia a través de su cuenta de Twitter.
“En sólo 24 horas 3000 ciudadanos han reportado haber sido suplantados: Usaron sus cédulas y nombres y los expusieron públicamente sin su autorización para fomentar una Revocatoria Fraudulenta”, escribió Quintero.
Para que la revocatoria se caiga tras la impugnación de Quintero, sería necesario que se anularan, al menos, 42.037 de las 133.248 firmas que hay. Si las firmas, después de la verificación, vuelven a ser avaladas, la Gobernación tendría entonces que convocar a la ciudadanía a decidir la revocatoria en las urnas. Esto podría ocurrir, explicó el diario El Colombiano, hacia el próximo mes de febrero.
“Hay elementos de la técnica de la grafología que son necesarios explorar directamente sobre los documentos originales, y solo se contó con las imágenes de los formularios. Sin embargo, aún bajo esas circunstancias, se encontraron ese número tan importante de firmas que no cumplen con requisitos establecidos en las resoluciones del CNE y protocolos de la Registraduría”, explicó el abogado y experto electoral Alfonso Portela en un diálogo con El Colombiano. El profesional asesora a Quintero en la impugnación.
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