Congreso asegura que Corte IDH intenta “repercutir en soberanía” por caso Petro

Una carta con un fuerte pronunciamiento fue enviada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) por parte del Congreso de la República en la cual hace un reclamo por lo que es considerado como un intento de intromisión en los asuntos internos de Colombia.

La misiva, fechada el pasado 31 de diciembre, por parte del presidente del Senado, Juan Diego Gómez, y de la Cámara de Representantes, Jennifer Arias, le respondieron a Elizabeth Odio Benito, presidente de la Corte IDH, indicando que el Estado colombiano “siempre se ha esforzado por respetar los derechos humanos y los instrumentos internacionales”.

Lo anterior sobre un posible incumplimiento de su fallo sobre el caso de Gustavo Petro siendo la más relevante el que la Procuraduría no puede destituir e inhabilitar a funcionarios que han sido elegidos popularmente; no obstante, el Congreso dio luz verde a una reforma que no le quitó esa facultad al Ministerio Público.

Este fue el motivo que generó la dura respuesta ante la Corte IDH: para Gómez y Arias, las funciones que tiene la Procuraduría para emitir este tipo de sanciones “le ha permitido al Estado colombiano enfrentar el flagelo de la corrupción”.

En ese sentido, ambos dirigentes enfatizaron que la ley que se aprobó cumple con el requisito del Sistema Interamericano de Derechos Humanos de separar las etapas de investigación y juzgamiento en los procesos además que garantizan que los fallos sean revisados por autoridades diferentes.

“La ley creó dentro del procedimiento disciplinario tres salas disciplinarias, encargadas de conocer, según sus competencias, de la etapa de instrucción y juzgamiento. También establece reglas para la designación de sus integrantes e introduce varias reformas para regular el procedimiento disciplinario y que este cumpla con las garantías del debido proceso, en armonía con la Convención Americana de Derechos Humanos”, indicaron en la carta dada a conocer en las últimas horas.

Tanto para el presidente del Senado como de la Cámara rechazaron lo dicho por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en cuanto a que las sanciones contra los dirigentes elegidos de manera popular solo pueden estar en manos de los jueces penales.

“El pronunciamiento de la Corte, en su resolución de seguimiento, de alguna manera intenta repercutir en el poder soberano que tiene todo Estado de crear sus propias leyes, o de diseñar sus instituciones en los términos que lo designen sus representantes electos”, reclamaron ambos líderes políticos.

En ese sentido, el Congreso recordó a los miembros de este órgano internacional que actualmente se encuentra en curso una demanda ante la Corte Constitucional contra la ley que reformó el Código Disciplinario de la Procuraduría, razón por la cual solicitaron que no se emitan pronunciamientos antes de que dicha acción judicial sea resuelta.

Cabe señalar que los 1.208 nuevos puestos que tendrá la Procuraduría General de la Nación luego de que el Congreso aprobara la reforma al Código General Disciplinario, son un cambio producto de una demanda que ganó el senador Gustavo Petro ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Sin embargo, el mismo Petro ha señalado que esa reforma no cumplió en nada lo ordenado por la Corte IDH y también lo hizo el mismo tribunal internacional sobretodo sobre la creación de esos puestos dentro de la entidad.

El texto de la Corte expresa que la ampliación de la nómina del Ministerio Público no cumple con las disposiciones contempladas en el fallo que condenó al Estado colombiano por la destitución administrativa del entonces alcalde de Bogotá Gustavo Petro.

“La Procuraduría continúa reteniendo la facultad de imponer sanciones de destitución e inhabilitación a funcionarios públicos democráticamente electos, contraviniendo lo previsto en dos artículos de la Convención americana de derechos humanos”, expresa el documento.

La procuradora Margarita Cabello, quien estuvo detrás de esa reforma, argumentó que estos nuevos cargos, criticados por varios sectores en el país, son el producto de un estudio que evidenció las “necesidades y demandas” del órgano de control, los cuales eran “imposibles de satisfacer con la planta de personal actual”, razón por la cual se “recomendó ampliarla en diferentes niveles”.

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