Protección de derechos fundamentales de los niños en La Guajira avanza a pasos de tortuga, asegura Dejusticia

Hace cuatro años, la Corte Constitucional emitió la sentencia T302 de 2017 a favor de los derechos de la niñez indígena wayuú en el departamento de La Guajira, señalando que a estos menores se les estaban violando sus derechos fundamentales al no tener acceso a agua potable, salud y alimentación. A través de la sentencia el máximo tribunal ordenó al Estado garantizar el cumplimiento de estos derechos a la comunidad y, especialmente, a los más perjudicados que siempre han sido los niños.

Sin embargo, un reciente informe de la organización Dejusticia señaló que, cuatro años después, los niños de La Guajira siguen muriendo por falta de acceso a agua potable, salud y alimentación.

A detalle, en el documento explican que el Gobierno no ha implementado medidas eficaces para subsanar las necesidades de la niñez en esta zona del país. Estas conclusiones se sacan luego de una visita que desde Desigual se hizo a varias comunidades del departamento para verificar los avances que, según la organización, van “a paso de tortuga”.

Esta comisión llegó hasta las viviendas de las comunidades de Nueva Venezuela y 23 de abril, en Uribia; Guarralakatshi y Lacantamana, en Manaure; Media Luna, en Uribia, e Ishashimana, en el kilómetro 6 en la vía Manaure-Uribia; según detalle el reciente informe.

Estableciero que las comunidades aún no pueden contar con los estándares mínimos de accesibilidad, calidad y disponibilidad, pues las barreras físicas, económicas e institucionales siguen siendo un problema para el acceso a los servicios básicos. Según el informe, se ve que se han aplicado políticas de Estado enfocadas a atender de manera momentánea las condiciones graves, pero no soluciones estructurales.

Por ejemplo, la orgaización describió que en el caso de las comunidades ubicadas en Manaure, Guarralakatshi y Lacantamana, cuentan con una pila pública cerca a sus terrenos. La pila hace parte del proyecto ‘Guajira Azul’, pero señalaron que “no satisface necesariamente los estándares de disponibilidad y calidad del líquido”.

También hablaron sobre la falta de brigadas de salud efectivas para una “atención temprana a las diferentes condiciones de desnutrición”, lo que según ellos “trae como consecuencia que la asistencia sea dada cuando el niño o la niña se encuentra en una condición de salud precaria, complejizando las oportunidades de recuperación”. Y agregaron que también hay falta de diálogo “para acordar los alimentos que son entregados a las comunidades, así como una disminución en los paquetes de comida que son mensualmente distribuidos por medio de las Unidades Comunitarias de Atención”.

En otro caso se evidenció que la comunidad 3 de Abril tiene como única fuente hídrica un pozo que está “visiblemente contaminado” y los habitantes señalaron que “los carrotanques que facilitaba la cooperación internacional, en lugar de la Alcaldía, no habían podido pasar a llenar los contenedores debido a las continuas lluvias”.

El informe señala que “las dificultades no solo se deben a causas ambientales (…) sino también por la omisión de las autoridades competentes para proveer un servicio sostenible de suministro de agua potable”.

Además, advirtieron que el Viceministro del Agua contestó ante los problemas que esto “no era de su competencia”, pues era un tema de la infraestructura para el suministro del líquido y que “dicha cartera no cuenta con disponibilidad presupuestal para adelantar el mantenimiento de ese tipo de obras (pozos)”, se lee en el informe.

Y esto es solo hablando de temas de acceso a agua potable, cuando abarcan la alimentación y el servicio de salud las cosas no son distintas para los habitantes de estas comunidades. “Las comunidades indígenas de la Alta Guajira enfrentan problemas de disponibilidad y accesibilidad física a los alimentos que están asociados con la pérdida y desincentivo de las prácticas productivas, culinarias y alimenticias wayuu”, detalla la publicación.

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