“La procuradora miente y convirtió la entidad en fortín político”: Gustavo Petro

Sigue la polémica por los 1.208 nuevos puestos que tendrá la Procuraduría General de la Nación luego de que el Congreso aprobara la reforma al Código General Disciplinario, un cambio producto de una demanda ganó el senador Gustavo Petro ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Sin embargo, el mismo Petro ha señalado que esa reforma no cumplió en nada lo ordenado por la Corte IDH y también lo hizo el mismo tribunal internacional sobretodo sobre la creación de esos puestos dentro de la entidad.

El texto de la Corte expresa que la ampliación de la nómina del Ministerio Público no cumple con las disposiciones contempladas en el fallo que condenó al Estado colombiano por la destitución administrativa del entonces alcalde de Bogotá Gustavo Petro.

“La Procuraduría continúa reteniendo la facultad de imponer sanciones de destitución e inhabilitación a funcionarios públicos democráticamente electos, contraviniendo lo previsto en dos artículos de la Convención americana de derechos humanos”, expresa el documento.

La procuradora Margarita Cabello, quien estuvo detrás de esa reforma, argumentó que estos nuevos cargos, criticados por varios sectores en el país, son el producto de un estudio que evidenció las “necesidades y demandas” del órgano de control, los cuales eran “imposibles de satisfacer con la planta de personal actual”, razón por la cual se “recomendó ampliarla en diferentes niveles”.

Este jueves, 30 de diciembre, el senador Petro aseguró que la procuradora es una “mentirosa” y lo que hizo con la entidad fue un “fortín político”.

“El 25 de Noviembre la CIDH se expresó sobre el seguimiento de la sentencia que profirió en mi favor y dictaminó que la ley de la Procuradora no cumple la sentencia. La procuradora miente y convirtió la procuraduría en fortín político y evadió el cumplimiento de la sentencia”, trinó el precandidato presidencial.

Y agregó: “En mi opinión la mayoría del Congreso y la Procuradora cometieron un desacato judicial, dado que la sentencia de la Corte Interamericana es fallo judicial en Colombia. El proceder doloso lo premiaron con centenares de cargos en la Procuraduría”.

Por su parte, la Corte IDH subrayó que ”se encuentra pendiente que el Estado adecue la normativa interna que faculta a la Procuraduría General de la Nación para imponer sanciones de destitución e inhabilitación a funcionarios públicos democráticamente electos, y se solicita que en su siguiente informe presente información al respecto”.

Cabe señalar que el Decreto 1851 de 2021, el cual amplió la planta en el ente de control, de acuerdo con la Procuraduría es para dar supuestamente cumplimiento al mandato de la Corte IDH “que impuso que el funcionario que formule los cargos no sea el mismo que dicte la sentencia, generándose de ello la necesidad de separar las funciones de la entidad, lo que implica designar a un funcionario de instrucción y a otro de juzgamiento”.

“La provisión de estos cargos, que será gradual a partir del año 2022, no generará adiciones al presupuesto ordinario apropiado a la Procuraduría General de la Nación, que corresponde al 0,29 % del presupuesto nacional, es decir, similar y constantemente al apropiado anualmente desde el año 2017″, indicó el órgano de control en el comunicado.

De igual manera, señaló que estos puestos se distribuirán en diferentes niveles, con los cuales se buscará el “fortalecimiento de la función disciplinaria” con relación a las necesidades del servicio con los que se busca cumplir la sentencia de la Corte Interamericana.

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