Cancillería niega cuestionamiento de la Corte IDH ante adición de nuevos cargos en la Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación adhirió recientemente, bajo el Decreto 1851 de 2021, 1208 cargos a su nómina. Esto, según aseguró la entidad, lo hizo en cumplimiento del fallo de Corte Interamericana de Derechos Humanos, debido a la demanda impuesta por el candidato presidencial Gustavo Petro. La decisión ha generado reacciones entre los altos mandos, entre las que se conoció el pronunciamiento de la Cancillería.

Cabe aclarar que el mencionado Decreto, pretende atender el mandato de la Corte IDH “que impuso que el funcionario que formule los cargos no sea el mismo que dicte la sentencia, generándose de ello la necesidad de separar las funciones de la entidad, lo que implica designar a un funcionario de instrucción y a otro de juzgamiento”.

Pues bien, de acuerdo con información emitida por medios nacionales, el órgano internacional señaló mediante un documento, que habría sido emitido el pasado 25 de noviembre, que la entidad “no cumple con las disposiciones contempladas en el fallo que condenó al Estado colombiano por la destitución administrativa del entonces alcalde Gustavo Petro”, señaló el diario El Colombiano.

Este fue el documento que dio a conocer el medio:

Ante lo manifestado por la alta corte internacional, el mismo diario habló con la Cancillería colombiana, que señaló que el organismo “no ha efectuado un llamado de atención al Estado colombiano por presuntos incumplimientos en el caso de la sentencia que falló a favor de los derechos políticos de Petro”.

“Por el contrario, el pasado 25 de noviembre de 2021 –dice la Cancillería en referencia al documento en cuestión– la Corte IDH profirió una Resolución de Supervisión de Cumplimiento en el que reconoció los avances del Estado en el cumplimiento de la sentencia internacional que fuera proferida el 8 de julio de 2020″, explicó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Del mismo modo, señaló que Colombia ha cumplido cabalmente y a tiempo lo impuesto con relación a los pagos de indemnización a Gustavo Petro “por el daño inmaterial y pagar a las dos organizaciones representantes de la víctima las cantidades fijadas por concepto de reintegro de costos y gastos”.

Así también, la cartera indicó que el próximo 4 de abril, será el Estado colombiano, el que tendrá que exponer un reporte que detalle el avance con dichas medidas, oportunidad en la que “se tocará el tema de las adecuaciones en procesos disciplinarios”.

Según el Decreto 1851 de 2021 estos serian los nuevos cargos autorizados:

1. Despacho de la procuradora general: 20 asesores, (grado 24) salario promedio: 10 millones de pesos. ($24,000,000)

2. Despacho del viceprocurador: 1 director (grado EB) salario promedio: 22 millones de pesos ($22,000,000)

3. Procuradores delegados: 10 (grado EA) salario promedio: 34 millones de pesos ($340,000,000)

4. Procuradores delegados de periodo: 3 (grado EA), salario promedio: 34 millones de pesos ($102,000,000)

5. Procuradores regionales: 32 (grado ED), salario promedio: 13 millones de pesos ($416,000,000)

6. Procurador distrital: 1 (grado EE), salario promedio: 13 millones de pesos ($13,000,000)

7. Procurador provincial: 60 (grado EF), salario promedio 13 millones de pesos ($780,000,000)

8. Asesores: 491 (grado: 19) salario promedio: 9 millones de pesos ($4,419,000,000)

9. Profesional universitario, 247 (grado 18), salario promedio: 18 millones de pesos ($4,496,000,000)

10. Coordinador administrativo: 5 (grado 17), salario promedio: 5 millones de pesos ($25,000,000)

11. Profesionales universitarios: 269 (grado 15), salario promedio: 4 millones de pesos ($1,076,000,000)

12. Técnicos investigadores: 10 (grado 15), salario promedio: 4 millones de pesos ($40,000,000)

13. Auxiliar administrativo: 59 (grado 10), salario promedio: 3 millones de pesos ($177,000,000)

Por ahora, en redes sociales los usuarios se encuentran mostrando su inconformidad pues durante todo el año se hizo hincapié desde el Gobierno de la importancia del ahora y la reforma tributaria para poder sobre llevar la crisis que dejó el confinamiento del convid-19; y esta parece ser una norma que atenta contra lo manifestado con los entes estatales.

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