Este 28 de diciembre dos mujeres y un adulto mayor completaron 192 horas encadenados y en huelga de hambre en Riohacha (Guajira) para exigir que se les respeten sus derechos. Las personas hacen parte de la comunidad indígena Wayuu que habita en el caserío La Ceibita Macedonia, en la capital guajira, y denuncian que donde habitan se construirá una cárcel, por lo que están siendo desplazados de sus territorios ancestrales.
“Esta manifestación legítima procede, luego de agotar todas las instancias administrativas y judiciales de reclamación y reivindicación de derecho, conllevando a que las mujeres y ancianos de la comunidad se declaren en huelga de hambre para que puedan ser escuchados y sus derechos invocados sean respetados”, afirmaron los indígenas afectados en un comunicado.
Los indígenas empezaron a protestar desde el pasado 20 de diciembre. Ese día toda la comunidad participó de una marcha pacífica en la que recorrieron algunas calles de Riohacha y finalizaron con la instalación de la huelga de hambre.
Ahora, ocho días después, defensores de derechos humanos aseguran que las autoridades no se han acercado a hablar con los huelguistas. Señalan que la salud de estas personas se ha deteriorado considerablemente, pero aún así ni siquiera las autoridades de salud han llegado a verificar el estado de las mujeres y el anciano.
“La salud de los manifestantes se ha venido deteriorando con el paso de las horas y ni la alcaldía, ni el Ministerio del Interior se han pronunciado, ni acercado a dialogar con ellos”, aseguró José Silva Duarte, líder de la ONG Nación Wayuu.
La situación preocupa a los movimientos en pro de los derechos humanos y a los mismos miembros de la comunidad, pues dicen que los huelguistas están “dispuestos a llegar a las últimas consecuencias”. Antes de encadenarse, ellos habrían asegurado que están dispuestos a sacrificarse con tal de que no les sean vulnerados sus derechos. Señalan que están en juego sus derechos a la vida, al medioambiente, al territorio, a la autonomía territorial y a la libre determinación de los pueblos indígenas, así como al consentimiento previo, libre e informado.
“Es pertinente indicar que las mujeres y ancianos que en nombre y representación de su comunidad indígena deciden declararse en huelga de hambre, están dispuestos a llegar hasta las últimas instancias y si es posible, ofrendar sus vidas por el respeto y reivindicación de sus derechos”, indicó la comunidad indigena.
Los afectados argumentan que si están dispuestos a sacrificarse es porque ya agotaron todas las vías para entablar un diálogo con las autoridades.
La nueva cárcel de Riohacha, que tendrá una inversión de $ $181.957.017.859, será de mediana seguridad y tendrá pabellones especiales con enfoque diferencial para albergar indígenas y mujeres. En total tendrá capacidad para cerca de 1.500 personas privadas de la libertad, lo que ayuda a solventar la crisis de hacinamiento carcelario que atraviesa el país, pero el problema es el espacio donde se construirá.
Los indígenas le han propuesto a las autoridades hacer una consulta previa, pero la cartera gubernamental determinó que en este caso no procede la acción. Esto fue anunciado desde octubre, después de haber realizado una inspección de la Subdirección Técnica de la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta.
Se espera que se pueda llegar a un nuevo acuerdo que beneficie a ambas partes. De lo contrario, en caso de que la huelga termine con la muerte de alguno de los implicados, la comunidad advierte que esto sería responsabilidad del estado colombiano. En particular señalaron a MinInterior, el Ministerio de Defensa, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), Gobernación de la Guajira y la Alcaldía Distrital de Riohacha y la Personería Distrital de Riohacha.
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