Gobierno justificó los 1.200 cargos nuevos en la Procuraduría

En las últimas horas, en el país se ha desatado una polémica porque se conoció que el pasado 24 de diciembre, en medio de la Nochebuena, la Procuraduría General de la Nación aprobó la creación de 1.208 cargos, lo que equivale a algo más de 11.930 millones de pesos en el presupuesto de nómina, un hecho que antes de ser aprobado ya generaba advertencias desde varios sectores por su impacto en el presupuesto nacional.

Desde que se conoció que, en efecto, lo que antes se había señalado como un simple rumor se hizo realidad, las reacciones desde diferentes sectores se han hecho conocidas, pues varios aseguran que estos puestos no solo añaden burocracia a la entidad, sino que posible mermelada por parte del Gobierno nacional.

Uno de los primeros en salir a dar explicaciones sobre el polémico decreto fue el ministro del Interior, Daniel Palacios, quien reseñó que este se expidió en el marco del Código Disciplinario que aprobó el Congreso de la República y cumpliendo con un fallo de la CIDH.

“Hace parte de la modificación al Código Disciplinario, fue una ley que se aprobó alrededor de hace cuatro meses y en esa ley hay una reestructuración de la Procuraduría”, indicó el ministro. Y anadió que en este “se establece esa doble instancia en esa entidad como se pidió en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde se advierte que debe haber una parte que investiga y otra parte que imparte la sanción, por eso está incluida la reestructuración de la Procuraduría”.

A esta explicación se une la que dio la misma Procuraduría en un comunicado oficial que se emitió ante la polémica generada por el Decreto 1851 de 2021. Indicaron en un primer punto que la entidad debe “dar cumplimiento al fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 8 de julio de 2020, que impuso que el funcionario que formule los cargos no sea el mismo que dicte la sentencia disciplinaria, generando la necesidad de separar las funciones de la entidad: designar a un funcionario de instrucción y a otro de juzgamiento”.

Agregaron que para dar cumplimiento a esa decisión, desde el Congreso de la República se expidió la Ley 2094 de 2021, reformando la Ley 1952 de 2019 en la que se estableció el Código General Disciplinario. A través de esta se ordenó a la Procuraduría garantizar la independencia de la instrucción y el juzgamiento; así como la conformación de tres salas disciplinarias, una de ellas exclusiva para servidores de elección popular.

Según detallaron, esta nueva ley impuso la garantía de doble instancia y doble conformidad, “lo que genera mayores demandas de planta de personal y de estructura organizacional”. Además, se elimina la figura de la caducidad en el término de 30 meses desde su fecha de promulgación, es decir, el 29 de diciembre de 2023, lo que implica la necesidad de ampliar la capacidad institucional.

Teniendo en cuenta estos requerimientos la entidad realizó un estudio de funcionamiento de la Procuraduría. Lo que concluyó el estudio es que las peticiones establecidas eran imposibles de satisfacer con la planta de personal actual, por lo que recomendó ampliarla en diferentes niveles.

“Con fundamento en este estudio y el presupuesto apropiado a la Procuraduría para la vigencia 2022, se definió la creación de 1.208 cargos, exclusivamente para el fortalecimiento del eje misional disciplinario”, explicaron y concluyeron señalando que la provisión de estos cargos, gradual a partir de 2022, no generará adiciones al presupuesto ordinario.

Finalmente, explicaron que el 89% de los empleos a crear (1.080) son de carrera administrativa, mientras que el 22% del total de cargos a crear (269) corresponde a promover el acceso al programa del primer empleo.

Cabe recordar que, en su momento, la procuradora general, Margarita Cabello, desminitió que se fuera a realizar una reestructuración de la entidad. “No es cierto que se vayan a crear miles de cargos en la Procuraduría y mucho menos que se le vaya a entregar burocracia a la Procuraduría”, señaló y explicó que la la separación de funciones entre quienes hacen la investigación y el juzgamiento disciplinario sí podría implicar un aumento en la planta de personal.

De acuerdo con lo señalado por El Tiempo estos cargos habrían sido autorizados directamente por el presidente Iván Duque, pues se dio bajo el decreto 851 de 2021 que habría sido apoyado, además por el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, el ministro de Hacienda José Manuel Restrepo, y el director de Función Pública, Neiro Alvis.

Según el documento estos serian los nuevos cargos autorizados: 1. Despacho de la procuradora general: 20 asesores, (grado 24) salario promedio: 10 millones de pesos. ($24,000,000); 2. Despacho del viceprocurador: 1 director (grado EB) salario promedio: 22 millones de pesos ($22,000,000); 3. Procuradores delegados: 10 (grado EA) salario promedio: 34 millones de pesos ($340,000,000); 4. Procuradores delegados de periodo: 3 (grado EA), salario promedio: 34 millones de pesos ($102,000,000); 5. Procuradores regionales: 32 (grado ED), salario promedio: 13 millones de pesos ($416,000,000); 6. Procurador distrital: 1 (grado EE), salario promedio: 13 millones de pesos ($13,000,000); 7. Procurador provincial: 60 (grado EF), salario promedio 13 millones de pesos ($780,000,000); 8. Asesores: 491 (grado: 19) salario promedio: 9 millones de pesos ($4,419,000,000); 9. Profesional universitario, 247 (grado 18), salario promedio: 18 millones de pesos ($4,496,000,000); 10. Coordinador administrativo: 5 (grado 17), salario promedio: 5 millones de pesos ($25,000,000); 11. Profesionales universitarios: 269 (grado 15), salario promedio: 4 millones de pesos ($1,076,000,000); 12. Técnicos investigadores: 10 (grado 15), salario promedio: 4 millones de pesos ($40,000,000); y 13. Auxiliar administrativo: 59 (grado 10), salario promedio: 3 millones de pesos ($177,000,000).

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